Corte Suprema anula proceso judicial por esterilizaciones forzadas

La Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia ordenó que el proceso judicial por las esterilizaciones forzadas ocurridas durante la dictadura de Alberto Fujimori regrese a la etapa en que se encontraba en octubre del 2018, es decir, a la presentación de la denuncia fiscal contra los responsables de este crimen contra los derechos humanos.

En cumplimiento de esa decisión, en una demanda de acción de amparo presentada por Alberto Aguinaga, el juez Littman Ramírez Delgado, del Juzgado Penal Supraprovincial Liquidador de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal, ordenó la devolución del expediente a la Fiscalía. La resolución, con fecha el 30 de noviembre, fue notificada el último miércoles a las representantes legales de las víctimas.

La denuncia por las esterilizaciones forzadas alcanza al exdictador Alberto Fujimori y sus exministros de Salud Eduardo Yong, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga por la muerte de Mamérita Mestanza, Alejandra Aguirre, Reynalda Betalleluz, Marpia Espinola y Celia Ramos; además de lesiones graves contra otras 1.315 víctimas en un contexto de graves violaciones a los derechos humanos.

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De acuerdo con la resolución judicial, la Sala Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema, que preside la jueza suprema titular Mariem Vicky De La Rosa Bedriñana, se declaró fundada una demanda de acción de amparo presentada en un juzgado de Lambayeque por el investigado Alejandro Aguinaga Recuenco.

Antes, dicha acción amparo había sido rechazada por el juzgado y la Sala Superior de Lambayeque.

Alejandro Aguinaga argumentó en su demanda de amparo "la vulneración al derecho a la legalidad penal por violación de normas materiales, sobre violación de derechos humanos y la inobservancia de los efectos jurídicos de la reserva ratione temporis sobre la vigencia de la convención sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y lesa humanidad", lo que fue acogido por la Corte Suprema.

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La Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema ordena que el juez penal a cargo del caso emita un nuevo pronunciamiento, es decir, vuelva a evaluar si acoge la denuncia e inicia el proceso penal. Se debe precisar que, por la época en que sucedieron los hechos, este caso se tramita con el antiguo Código Procesal Penal, por lo que corresponde que un magistrado repita toda la investigación que ya realizó el fiscal.

Así las cosas, dice el juez Littman Ramírez, el proceso regresa a la etapa de formulación de denuncia primigenia que fue presentada el 31 de octubre del 2018 en contra de Alberto Fujimori, Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer, Alejandro Aguinaga y Ulises Jorge Aguilar como autores mediatos de los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de lesiones graves seguidas de muerte, en un contexto de graves violaciones a los derechos humanos.

También se devuelve a la Fiscalía una ampliación de denuncia presentada el 11 de diciembre del 2021, que se encontraba en proceso de calificación, en la cual se incluyen nuevos hechos y un mayor número de agraviadas.

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Ahora, corresponderá que la Fiscalía Supreprovincial de Casos de Violación de Derechos Humanos proceda a presentar una nueva denuncia penal y que el juez a cargo lleve a cabo una nueva calificación jurídica de los hechos, en la que se tome en cuenta los argumentos de la Sala Constitucional y Social, y se emita una decisión de abrir el proceso penal o mandar el expediente al archivo.

Mientras tanto, las más de 1.500 víctimas de esterilizaciones forzadas y sus familiares seguirán esperando y luchando por encontrar una justicia que les es esquiva desde hace más de 20 años.