Poder Judicial reconoce derecho a reparación para víctimas de esterilización forzada
La Corte Superior de Justicia confirmó que las personas afectadas por esta práctica en los años 90 tienen derecho a reparación y que el Estado debe sentarse con ellas para elaborar políticas públicas.
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La Segunda Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima confirmó la sentencia de noviembre de 2022 que declaró fundada la demanda “referida a que se ordena al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos la implementación de una política de reparaciones para las mujeres víctimas de esterilización forzada inscritas en el Registro de Víctimas de Esterilización Forzada (Reviesfo), garantizando la participación efectiva y coordinación con las asociaciones de víctimas”.
La sentencia en primera instancia que favorece a las demandantes, reunidas en la Asociación de Víctimas de Esterilización Forzada de Chumbivilcas, representada por Inés Condori Anaya y otros, fue apelada por el Minjus alegando que ellas no tienen derecho a reparación y que para ese propósito acudan al Reviesfo. También cuestionó la representación de Inés Condori para este tipo de demanda.
Pero, la semana pasada, la Segunda Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima confirmó que las víctimas tienen derecho a reparación y el Estado está en la obligación de sentarse con ellas para elaborar políticas públicas.
“Lo que ellas quieren es ser escuchadas y contar lo que les pasó y construir reparaciones en salud, educación; reparaciones colectivas y también simbólicas. Es muy importante porque lo plantea la Asociación de víctimas de Chumbivilcas y varias ONG”, mencionó la abogada Ana María Vidal, quien patrocina a la asociación.
Por su parte, Inés Condori manifestó que esperan la pronta implementación de las reparaciones por parte del Minjus, y que no tenga que pasar años para concretarla.
“Queremos implementación de reparación integral de todas las mujeres inscritas en el Reviesfo, no solo de la asociación de la que soy presidenta. Agradezco a la doctora Ana María Vidal y a las instituciones que nos ayudaron. Es un pasito logrado después de 25 años”, remarcó.
Condori Anaya agregó que las víctimas de la cuestionada intervención quirúrgica están organizadas en asociaciones en cada región. Por tanto, el Estado puede comunicarse con todas ellas para iniciar la implementación de reparaciones. Finalmente, precisó que “la reparación tiene que ser de acuerdo a nuestra realidad”.
Licenciada en Ciencias de la Comunicación - Universidad Jaime Bausate y Mesa. Trabajé en la Unidad de Investigación de La República bajo la jefatura del señor Edmundo Cruz. Hoy estoy en la sección de Política y abordo temas sobre conflictos sociales y comunidades indígenas.
