Prefecto de Apurímac designado por Boluarte tiene nexos con la minería informal
Pasado. Edwin Carpio Chalque se hizo de una cuadrícula de terreno dentro de la concesión del proyecto Los Chancas de Southern. En el padrón de Reinfo figura como minero informal. El 13 de junio Dina Boluarte firmó su designación como autoridad política de Apurímac.
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La gestión de Dina Boluarte no acierta con la designación de sus funcionarios de confianza. Repite la misma línea errática de su antecesor Pedro Castillo Terrones. Los antecedentes del actual prefecto regional de Apurímac, Edwin Carpio Challque, no son los mejores para representar al Ejecutivo en esta región sureña.
El 13 de junio pasado, la jefa de Estado y su ministro del Interior, Vicente Romero, firmaron la resolución suprema que le encarga la responsabilidad política a Carpio Challque. Más allá de la función decorativa de estos cargos, los prefectos representan al Ejecutivo. Su misión, según el Mininter, es preservar la democracia.
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En el buscador de Google figuran los antecedentes de Carpio. Lo presentan como antiminero, protagonista de movilizaciones en contra de la empresa Southern que devinieron en su detención el 16 de agosto de 2013. Ha sido presidente de la Coordinadora Regional de Comunidades Afectadas por la Minería (Corecami-Apurímac), una plataforma de lucha que le ha declarado la guerra a la gran minería. También ha sido alcalde distrital de Tapayrihua en el periodo 2019-2022.
Tapayrihua. Ha sido invadido por mineros informales. Foto: La República
Él y varios mineros informales han promovido la invasión del proyecto minero Los Chancas, afirma el consultor en comunicación y minería Iván Arenas Ramírez. "Se sabe quién es él, no sé cómo lo designaron, el Mininter es una coladera", añade Arenas.
Según la cartera del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Los Chancas es un proyecto minero localizado en Apurímac, provincia de Aymaraes, entre los distritos de Pocohuanca y Tapayrihua. Southern obtuvo la concesión en 1998 para explorar depósitos de cobre. Prevé una inversión de $2600 millones. Según Minem, la compañía de capitales mexicanos tiene aprobados los términos de referencia para el estudio de impacto ambiental, sin embargo, la elaboración de este instrumento ambiental no ha concluido debido a la invasión de 300 mineros informales en la zona, señaló Raul Jacobs, funcionario de Southern Perú Copper Corporation en septiembre pasado.
La situación empeoró cuando en mayo de 2022 el campamento de la compañía mexicana sufrió un incendio.
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Minero informal
En la concesión invadida a Southern, Edwin Carpio Challque, dice tener una cuadrícula de terreno. Lo reconoció él mismo en una entrevista que dio al programa Cuarto Poder. “No lo trabajo ahora porque estoy en funciones, pero tengo un Reinfo”, señaló en junio de 2022.
El Reinfo es el Registro Integral de Formalización Minera que administra el Minem y gobiernos regionales para inscribir a los mineros informales que expresan la voluntad de ingresar a la legalidad.
Carpio Challque figura en ese padrón como minero informal, junto con sus hermanos Guido y Braulio, este último ya fallecido. La República tiene una copia de este documento.
Hermanos Carpio Challque figuran en lista de mineros informales. Foto: cortesía/La República
El Reinfo no es un permiso para explotar el mineral, la luz verde para el beneficio se obtiene después de las validaciones ambientales y acuerdos con el dueño de la concesión. Los informales ocupan áreas de terceros, como es el caso de Carpio.
Tierra de nadie
José Raúl Farfán es el gerente de Energía y Minas de Apurímac, un organismo que depende del gobierno regional y está a cargo del proceso de formalización minera.
Reconoció que el área invadida en Tapayrihua se ha convertido en "tierra de nadie". Por eso a varios mineros informales que tenían Reinfo los sacaron del padrón.
El funcionario precisa que en el primer trimestre del año intentaron efectuar fiscalización en la zona, sin embargo, los mineros les impidieron el ingreso. “Por la seguridad de nuestros supervisores nos retiramos”, dijo. Farfán precisó que en esa zona la minería ha sido declarada ilegal.
La revista de Energiminas divulgó una denuncia de los integrantes de la comunidad campesina de Tapayrihua, quienes acusan a los mineros ilegales de invadir sus terrenos comunales para convertirlos en depósitos de mineral y sin ningún permiso.
Precisan que esto sucede a vista y paciencia de los policías de la comisaría distrital. Nadie les dice nada.
Según los vecinos, camiones cargados de mineral circulan en la noche, el ruido de los motores no solo interrumpe el sueño de la comunidad, también de sus animales que son afectados en su periodo reproductivo.
El ganado pierde las ganas de alimentarse y en consecuencia, peso físico. Los ganaderos viven de la crianza y comercialización, una merma afecta seriamente sus bolsillos.
Lamentan que hasta ahora las autoridades no se hayan pronunciado sobre la invasión. Es complejo esperar ello de la primera autoridad política que hasta el año pasado aseguraba tener la cuadrícula de terreno en la concesión de Southern.
Este medio telefónicamente concertó una entrevista con Carpio. Pidió se le llame a las 10.00 horas del sábado, pero hasta el cierre de esta edición mantuvo apagado su teléfono.
La minería informal se ha convertido en un serio problema para el país. Los informes de Inteligencia Financiera, revelan que en los últimos diez años, movieron más de 13.000 millones de dólares. Esa cifra representa el 51% del monto de dinero de los delitos en el Perú. Atrás vienen la defraudación tributaria y delitos por corrupción, señala el analista César Ipenza Peralta. Este especialista sostiene que los representantes de esta actividad ilegal han penetrado las instituciones públicas. El caso de Carpio Challque parece confirmarlo.
Facilitan que minería ilegal subsista
El abogado especialista en Derecho Minero, César Ipenza, dice que hay varios congresistas que representan los intereses de la minería informal e ilegal y no sería nada raro que haya más funcionarios dentro del gobierno, trabajando en favor de estos grupos. Aprovechando sus competencias, facilitan que la minería ilegal disfrazada de informal subsista y no se produzca el control que debería haber de parte del Estado.
Esto queda en evidencia en el largo proceso de formalización que aún no termina. Este proceso comenzó en el año 2002, ya van 21 años y el número de formalizados es reducido.
Existe un proyecto del congresista Jorge Marticorena que pretende establecer un nuevo plazo para el Registro Integral de Formalización Minera, es decir darle más tiempo a los informales.
En consecuencia, el Estado tiene que responder de manera articulada para formalizar esta actividad; sin embargo la situación de ingobernabilidad que ha afectado al país, hace que los grupos de los mineros tengan mayor poder y presencia. "Si el Estado no trabaja de forma colaborativa, difícilmente vamos a tener respuesta", dijo.
El gobierno nacional debería generar incentivos para los gobiernos regionales que tengan buenos resultados respecto a la formalización.
Como es una actividad con altísimos recursos, compra conciencias y favorece a que se mantenga en la impunidad.
