Gobierno compra 540 escopetas, 540 fusiles y 540 lanzagranadas para reprimir protestas

La adquisición la hizo el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CC. FF. AA.) “en apoyo a la Policía Nacional”, mediante la modalidad de compra directa. La institución castrense no ha reportado los documentos del proceso ni el monto del contrato en el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (Seace) como obliga la ley.

La compra de armamento no está registrada en el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado. Foto: composición Fabrizio Oviedo
La compra de armamento no está registrada en el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado. Foto: composición Fabrizio Oviedo

Con el evidente propósito de contener las manifestaciones antigubernamentales, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CC. FF. AA.) fue autorizado por el Ejecutivo para comprar armamento “en apoyo a la Policía Nacional”. Según el documento que contiene las bases del proceso de adquisición al que tuvo acceso La República, el armamento incluye:

  • 540 escopetas calibre 12A
  • 540 lanzagranadas lacrimógenas
  • 540 fusiles de asalto semiautomático M4 no letal
  • 540 pistolas calibre 9x19
  • 2.700 unidades de balones de dióxido de carbono (Co2) de 88 gramos.
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La operación se ejecutó de forma directa, sin licitación, en cumplimiento de una resolución del CC. FF. AA. del 26 de mayo de este año, “bajo el supuesto de una situación de emergencia”.

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No obstante que la adjudicación se efectuó el 31 de mayo, el CC. FF. AA. no ha consignado los detalles del proceso ni el monto de la contratación, en el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (Seace), como disponen las normas vigentes en aras de la transparencia.

El CC. FF. AA. tampoco reportó la identificación de la empresa que obtuvo la buena pro.

La compra del armamento se ha financiado con parte de los S/233,3 millones que autorizó transferir la presidenta Dina Boluarte al Ministerio de Defensa, el 7 de febrero de este año, en el contexto de las protestas contra el Gobierno.

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Conforme a la documentación del proceso, el área usuaria del armamento es la 3a. División de Operaciones del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, pero la finalidad de la misma, según expone el CC. FF. AA., es la siguiente: “La presente contratación busca dotar de material de protección para el personal de las Fuerzas Armadas que brindará apoyo a la Policía Nacional del Perú, en el marco de la declaratoria del estado de emergencia en los departamentos de Lima, Madre de Dios, Cusco, Puno, Apurímac, Arequipa, Moquegua y Tacna”.

Además, el CC. FF. AA. ha firmado contrato con la empresa estadounidense Sourcing Group Corp. para la provisión de equipos antimotines, el 6 de julio de este año, por US$7,9 millones, que incluye: 2.010 cascos tácticos de protección balística (US$1 145 700); 3.000 trajes antimotines (US$1 710 000); 3.000 mascarillas antigás con filtro (US$1 110 000); y escudos balísticos nivel IIIA (US$972.000), entre otros.

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El representante de Sourcing Group Corp., con oficinas en Miami, es el peruano Sergio Pérez Pomar. La firma se encuentra acreditada en el Registro Nacional de Proveedores y ha vendido equipos al Ministerio del Interior.

El 23 de marzo de este año, Sourcing Group Corp. también proveyó al CC. FF. AA. de 105.000 cartuchos lacrimógenos CS calibre 37/38 mm. simple, por el monto de US$3,1 millones, y 7.500 cartuchos lacrimógenos CS calibre 37/38 mm. triple, por un total de US$3 152 250, de acuerdo con el contrato al que tuvo acceso La República.

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Además, el CC.FF. AA. ha comprado:

  • Raciones de campaña para el personal de las FF. AA. en apoyo a la PNP por S/4 125 000
  • Equipos de comunicación para el personal de las FF. AA. en apoyo a la PNP por US$526.093
  • Municiones para el personal de las FF. AA. en apoyo a la PNP por S/3 461 587.
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En todos los casos mencionados, no es posible acceder a los documentos de los procesos de adquisición ni a los contratos en la base de datos del Seace, donde deberían encontrarse para el escrutinio ciudadano.

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