Exministra Aida García: “Tenemos una Constitución que promovió la corrupción”
La ministra de la Mujer durante el Gobierno de Ollanta Humala asegura que el actual Congreso pudo reformar el artículo 117 de la carta magna para incluir una causal de corrupción que permita acusar al presidente Castillo.
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La extitular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) Aída García-Naranjo manifestó que el actual Congreso pudo haber reformado desde hace mucho tiempo el artículo 117 de la Constitución para permitir que se le acuse al presidente de la República por delitos de corrupción.
La ministra durante el Gobierno de Ollanta Humala agregó que los objetivos de la mayoría de parlamentarios apuntarían hacia una dirección que esquiva una salida a la crisis política que vive el país. El regreso de la bicameralidad, por ejemplo.
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“El Congreso, en estos momentos, está en su tercera legislatura ordinaria. Una reforma constitucional se puede hacer con dos legislaturas continuas. ¿Por qué, en la Constitución de Fujimori, si han querido modificar 53 artículos para reelegirse y tener Senado, por qué no modificaron el artículo 117 incluyendo el tema de corrupción? Porque fue una Constitución para blindar a Fujimori”, dijo García-Naranjo en Canal N.
La exfuncionaria recordó que la lucha en las calles contra los delitos que cometió el dictador Alberto Fujimori sirvió para impulsar un proceso constituyente en 1993 que incluye el polémico artículo 117 que hoy se discute a raíz de los delitos que habría cometido el presidente Castillo, según el Ministerio Público.
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“Quizás ahí vamos al tema de fondo vinculado al tema de la OEA (sobre su visita a Perú). Es decir, tenemos una Constitución que promovió la corrupción y, efectivamente, tenemos constituyentes que redactaron una Constitución con un artículo 117 que es el que se discute ahora todos los días”.
Es preciso recordar que, actualmente, el jefe de Estado solo puede ser acusado durante su gestión por traición a la patria; impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; disolver el Parlamento o impedir la reunión o funcionamiento del Congreso o del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral.
