Jueza definirá sin audiencia pedido de Alejandro Toledo para suspender su extradición
El expresidente Alejandro Toledo pidió esperar a que se defina su hábeas corpus en Estados Unidos antes de que se decida su retorno definitivo al Perú por el caso Odebrecht.
Por Alonso Collantes
La jueza Laurel Beeler, de Estados Unidos, definirá en los siguientes días si acepta o rechaza el pedido del expresidente Alejandro Toledo Manrique para suspender su extradición al Perú. El planteamiento del exmandatario busca paralizar el trámite de su regreso definitivo al país con el que se espera pueda ser juzgado por el caso Odebrecht (Interoceánica Sur), donde está acusado a 20 años de prisión.
Tal como adelantó este diario, la audiencia virtual se iba a realizar este jueves a las 9:30 a.m. en la Corte del Distrito Norte de California, San Francisco, en el que los abogados de Toledo así como los fiscales de EE.UU. se conectarían por videoconferencia para discutir la solicitud que presentó el exmandatario el 29 de abril, poco después de que Beeler le denegara en primera instancia el hábeas corpus que buscaba dejar sin efecto la repatriación en su totalidad.
Sin embargo, esta sesión virtual fue anulada el lunes de esta semana por la jueza Beeler. “La audiencia de la moción, que ha sido notificada para el jueves 9 de junio de 2022, se decidirá sobre los documentos presentados sin argumentos orales”, sostiene un reporte al que accedió este diario.
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La magistrada optó así por resolver el pedido de Toledo con los escritos que ha recibido tanto de su parte como de los fiscales norteamericanos desde mayo pasado.
Lo que sostienen los abogados del exmandatario, Jodi Linker, Mara Goldman y Graham Archer es que la Fiscalía peruana no ha cumplido con presentar una acusación contra Toledo, que este podría sufrir un “daño irreparable” si se concreta su extradición y es encarcelado; y que paralizar el trámite de su retorno al Perú no afectaría los intereses de Estados Unidos. Por estos tres motivos en específico se requirió suspender la extradición hasta que el Noveno Circuito de la Corte de Apelaciones decida primero si procede o no su hábeas corpus.
Ello puede tardar varios meses, pues La República pudo conocer también que este incidente de hábeas corpus en el Noveno Circuito empezará a partir del 14 de julio con un escrito inicial de Toledo donde insistirá en dejar sin efecto su proceso principal de extradición y, posteriormente, las autoridades norteamericanas responderán a ello oponiéndose el 15 de agosto. Tras ello, se habilitará un plazo adicional de 21 días para que la defensa de Toledo conteste a la postura fiscal y pueda instalarse una audiencia.
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La postura de Alejandro Toledo plantea también en este sentido usar el tiempo a su favor ya que el hábeas corpus podría definirse recién a partir de setiembre de este año. Además, al proceso principal de extradición que se pretende suspender hasta dicho mes aproximadamente, si bien ya tiene la certificación del juez Thomas S. Hixson para que siga su trámite desde fines de 2021, solo le falta la aprobación final del secretario de Estado, Anthony Blinken.
Depende de la jueza Laurel Beeler si suspende el trámite de la extradición hasta entonces o deja seguir su curso contra Alejandro Toledo para que sea juzgado por las autoridades peruanas a su retorno.
Oposición fiscal
El último 12 de mayo, los fiscales norteamericanos Stephanie Hinds, Kyle Waldinger y Rebecca Haciski pidieron a través de un escrito a Beeler que la suspensión requerida por el expresidente sea rechazada.
Uno de los puntos que resaltan es que la jueza Beeler y el magistrado Hixson ya desestimaron en su momento los argumentos de Toledo cuando se rechazó su hábeas corpus y su oposición a la extradición. “Estos argumentos no logran establecer ninguna probabilidad de éxito en la apelación, y mucho menos una fuerte probabilidad de éxito o un caso sustancial sobre el fondo”, indicaron.
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A criterio de los fiscales, además, la extradición no debe paralizarse ya que “aunque esta Corte ha confirmado la orden de certificación de extradición, el Secretario de Estado [Anthony Blinken] aún debe llevar a cabo su propia revisión de la solicitud de Perú para extraditar Toledo, y él puede presentar cualquier argumento que desee, incluyendo cualquier reclamo humanitario en defensa de la extradición, al Secretario”. Blinken aún no resuelve si Toledo debe volver al Perú, por lo que está garantizado su derecho a defensa incluso si tiene un resultado adverso, aseguran.
Los fiscales resaltaron también que “es posible que [Alejandro Toledo] no esté sometido a una prolongada prisión preventiva en Perú como afirma”, pues “la excandidata presidencial Keiko Fujimori y la exalcaldesa de Lima Susana Villarán, implicadas en investigaciones sobre sobornos de Odebrecht, fueron liberadas de la prisión preventiva antes de un juicio”. Por ello, no habría un “daño irreparable”, como alega Toledo.
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Alejandro Toledo fue acusado por el fiscal José Domingo Pérez en agosto del 2020 a viente años y medio de prisión por los delitos de colusión y lavado de activos. Según la investigación, Toledo recibió alrededor de US$34.3 millones de la constructora Odebrecht a cambio de adjudicarle la carretera Interoceánica Sur (tramos 2 y 3).
Si se deniega la petición de Toledo y eventualmente se aprueba su extradición, el expresidente ingresaría directamente a un penal al arribar al Perú ya que tiene orden de prisión preventiva en su contra desde el 2017.
Edición Impresa - La Republica | Lima - Domingo 24 de Noviembre del 2024