Eliana Revollar: “Magistrados del TC se ganarán su legitimidad con la calidad de las decisiones que tomen”

Eliana Revollar llegó a la Defensoría del Pueblo en 1997, apenas un año después de que el Congreso nombrara a su primer representante. Empezó a trabajar en Ayacucho, donde participó en la supervisión de las cuestionadas elecciones generales del 2000, y durante varios años lideró la Adjuntía para los Derechos de la Mujer.

¿Qué cambios y prioridades tendrá la Defensoría en la gestión que usted comienza?

Tenemos una preocupación muy grande por la vulnerabilidad de la ciudadanía, que se ha visto ahondada por la pandemia, por la crisis que existe. Hemos venido trabajando en la defensa de los derechos de las personas en salud, educación, violencia, medioambiente, es decir, en todo el bagaje de derechos y libertades que considera la Constitución. Sin embargo, en este momento tenemos que profundizarlo exigiendo políticas públicas que realmente respondan a la problemática de personas vulnerables. Trabajamos con grupos como mujeres, niñas y niños adolescentes, migrantes, indígenas, afroperuanos, personas con discapacidad. Hay un bagaje de población que requiere una mirada especial, pero también hay una nueva entrada que obliga a la Defensoría a ver una vulnerabilidad mayor, que es la pobreza y el hambre, que requiere una reactivación económica como prioridad para responder al problema de la empleabilidad e informalidad que se ha acrecentado. Vamos a darle prioridad en nuestras oficinas defensoriales.

Pobreza que se expresa en los conflictos sociales...

La conflictividad social es un tema que hemos seguido consistentemente en la institución. Se ha visto acrecentada y las demandas se hacen más evidentes en el sur del país, donde Perú Libre, que es el partido con el que llegó al gobierno el profesor Pedro Castillo, le dio una alta votación. El corredor minero hoy exige la presencia de las autoridades. Creemos que debe haber un diálogo para que se den condiciones de una actividad minera sustentable, responsable y coherente con los derechos humanos. También vamos a seguir trabajando en el tema de la corrupción, ya contamos con una adjuntía para la prevención. Hay una corrupción integral en el país, en todos los niveles de gobierno, pero también hay una corrupción que está salpicando a las más altas esferas del poder. Tenemos una agenda muy nutrida.

Usted es casi fundadora en la Defensoría. Ha visto lo que pasó en el gobierno de Alberto Fujimori, el fraude electoral de esos años y la corrupción. Casi parece como si hubiéramos retrocedido en el tiempo...

Estoy en la Defensoría desde 1997, en que se fundó la oficina de Ayacucho. El primer tema de supervisión electoral se dio en Vinchos, donde las elecciones se declararon nulas por una serie de irregularidades. El año 2000, la Defensoría tuvo un pronunciamiento importante respecto a cómo se dieron las elecciones, y hoy han ido sucediendo una serie de eventos que nos hacen prever que hay la necesidad de tomar las responsabilidades institucionales para asumir un liderazgo que nos permita salir de la crisis en la que está sumido el país... Por ello es necesaria una solución inmediata, una salida viable porque la población no puede seguir esperando. Se ha defraudado la confianza ciudadana, la gente ya no cree en nadie y piensa que todo lo público es malo.

Un alto porcentaje pide que se vayan todos. ¿Es la mejor salida?

Se ha desacreditado tanto la confianza que hay un alto rechazo a todo lo que es público y político. Las reacciones de “que se vayan todos” y “ya no queremos nada” pueden decantar por una crisis peor o tener un derrotero que no esté encauzado en el sistema democrático, en el que las instituciones tienen que resolver la crisis y para ello deben deponer sus intereses particulares y de grupo, pues están en el poder por todos los peruanos. No podemos decir simplemente que se vayan todos y que haya elecciones adelantadas. ¿En qué condiciones?, ¿con el marco electoral que tenemos? Hay medidas por tomar. No hay elecciones primarias reconocidas ni bicameralidad. Hay que pensar en una solución con un derrotero completo, no solo pedir una medida. Tiene que haber una solución con todos los poderes del Estado y los organismos autónomos, y ahí relevamos el rol de contrapoder de la Defensoría, el Jurado Nacional de Elecciones, la Contraloría. En un sistema democrático se puede salir institucionalmente de una crisis, pero eso pasa porque todos tengan ese predicamento y decisión.

Eso se ve en hechos concretos, pero ¿cómo esperarlo de un Congreso que ha retrocedido en reformas como el caso de SUNEDU, los textos escolares, la elección de un Tribunal Constitucional sin transparencia?

El tema de la SUNEDU es absolutamente grave. No podemos negar que la educación universitaria está en crisis y que la SUNEDU dio pasos iniciales, entonces, restarle autonomía y que el licenciamiento esté conducido por las universidades, que no deberían autorregularse, será un retroceso. Me he reunido con el ministro de Educación y hemos discutido ese tema. El 13 se remitió un informe al Consejo de Ministros, y la propuesta es que no se firme la autógrafa y se devuelva, pero el riesgo es que en el Congreso lo apruebe por insistencia.

Lo mismo con los textos escolares...

También hemos pedido que se observe, y para que el Congreso desista de la insistencia. La preocupación de la institución es que atentaría contra la educación sexual integral, que es una obligación. Este tema revela la necesidad de ahondar en una educación igualitaria, en que los derechos sexuales y reproductivos sean tratados por las edades y contenidos que corresponden, y por supuesto el enfoque de igualdad de género que es muy necesario para evitar lo que estamos viendo. El año pasado el Ministerio de la Mujer ha recibido más de 140 mil denuncias de violencia contra mujeres, pero sabemos que hay una cifra oculta de mujeres que no denuncian por temor, vergüenza o el sistema no funciona. Podemos seguir creciendo en números y probablemente exigiendo cadena perpetua, pena de muerte, pero no estamos atacando las causas profundas del problema.

¿Qué papel jugará la Defensoría en los próximos comicios, convocados en medio de una contrarreforma electoral?

En todos los procesos tenemos una línea de supervisión. Hemos pedido un presupuesto adicional de un millón y medio de soles, que vamos a reiterar al Ministerio de Economía, porque de ello depende el nivel de despliegue. Pensamos desplazarnos el día de las elecciones, pero previamente hacemos un trabajo de promoción del derecho a la neutralidad que deben guardar los funcionarios públicos... La Defensoría debe hacer un informe al Congreso después de cada proceso respecto a la participación política de las mujeres. En este proceso, por ejemplo, vemos que, por la poca participación de los partidos nacionales, es menor la posibilidad de que mujeres lleguen a los cargos de gobernadora regional o alcaldesa. Consideramos que la paridad horizontal debería ser obligatoria en listas cerradas a nivel provincial. Pero también hay acoso político. La participación de la mujer se ve mermada por la forma como las tratan en sus propios partidos.

¿No se respeta la ley contra el acoso político?

La ley se aprobó en abril del año pasado, pero el Jurado Nacional de Elecciones señala que no tiene competencia para la reglamentación, que está pendiente.

¿Las expresiones de la congresista Patricia Chirinos en la interpelación a la ministra de Trabajo fueron acoso político?

Son frases ofensivas, pero si uno lo ve desde el punto de vista de la ley del acoso político, sí podría calzar, porque con ello pretende menoscabar el ejercicio de una ministra. Más allá del hecho, que ya está en investigación en la Comisión de Ética, lo importante es que eleve el nivel de la discusión del Parlamento, pues tiene que ser respetuosa, pero la calificación al físico, origen, el acento, y si es mujer, tiene una connotación distinta.

Hace poco se ha reunido con el relator para libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ¿Qué apreciación tiene frente a los impedimentos a la prensa en el Ejecutivo y Legislativo?

El tema de libertad de expresión se ha trabajado fuerte desde que abrió la Defensoría. En diciembre sacamos un informe, que se mandó al relator, con recomendaciones al Ejecutivo para que firma la declaración de Chapultepec, que capacite a su personal, y que tenga una relación más abierta con los medios de comunicación. Lo propio se hizo con PCM y se pidió al Ministerio de Justicia que tenga un registro de los hechos de violencia contra periodistas. No se ha tenido respuesta y lo último que se nos dijo, cuando hicimos seguimiento a los oficios, era que, como hubo tantos cambios esos documentos se archivaron. Esto le sorprendió al relator porque cualquier documento administrativo es público y quien llega tiene que darle seguimiento, sino la administración empezaría con cada gestión, y así como vamos, cada semana estaríamos esperando. Se ha hecho un informe de seguimiento en abril, donde se da cuenta la situación no ha mejorado porque han mandado cartas notariales a periodistas, amenazas con penalizar el tema, la poca tolerancia a las entrevistas. Y en el Congreso, los periodistas están fuera de las instalaciones; y estando el anterior defensor sacamos un pronunciamiento pidiendo al Parlamento que den todas las facilidades, y mandamos una comunicación oficializando ese pedido. Lo grave es que puede concebirse como una censura indirecta. Ha sido una práctica que los periodistas entren al Congreso. En Junta de Portavoces han definido que hacia fines de mes darían las facilidades. El Parlamento debería permitir el ejercicio del periodismo en las mejores condiciones, y a la larga eso significa que la población pueda generar su propio juicio, tomar sus decisiones, cuestionar, darse cuenta de por donde está yendo el país. Sin una prensa independiente y libertad e información podemos decir que los pilares de la democracia están siendo tocados.

Hay graves cuestionamientos a nombramientos de funcionarios sin idoneidad tanto en el Ejecutivo como el Legislativo. ¿Qué opina al respecto?

La Defensoría ha sido muy fuerte en la anterior gestión contra la falta de meritocracia en funcionarios al más alto nivel... La Defensoría se ha pronunciado porque esas designaciones van a impactar en la calidad de las políticas públicas. Pasó en Salud, ya que cuando llegó el doctor Condori hubo un retroceso en la vacunación, que continúa, pues, al 10 de mayo, 8 millones de personas mayores de 18 años no tienen las tres dosis. Hemos quedado en conversar con el jefe de la ONPE sobre lo que pasará el día de las elecciones.

Acaban de asumir nuevos magistrados del Tribunal Constitucional que fueron elegidos por un Congreso con poca transparencia. ¿Los supervisarán?

Es cierto que ha habido cuestionamientos en el Congreso, pero creo que hay que separarlo de la figura de las personas elegidas, y su legitimidad se ganará con la calidad de las decisiones que tomen en el Tribunal Constitucional. Veremos si sus sentencias realmente están enmarcadas en el marco constitucional de la convencionalidad. Nosotros no supervisamos al TC, pero nuestras funciones se han visto fortalecidas por él cuando ha dicho que la Defensoría es un contrapeso al poder con los entes autónomos.

Hay temas pendientes sobre las violaciones a derechos humanos.

Es una deuda que tiene muchos años. Hemos visto mucho sufrimiento de la población civil afectada por la violencia. La justicia tiene que ser oportuna. Una justicia que tarda no ayuda en la reconciliación nacional. Tiene que haber responsabilidad y sanciones, y eso ayudar a cerrar las heridas.