Congreso: plantean que empresas con sentenciados por corrupción no contraten con el Estado
Comisión de Constitución aprobó iniciativa de la congresista Norma Yarrow, quien afirmó que dicho proyecto de ley sería “un certero golpe a la corrupción que aún impera en el aparato estatal”.
La Comisión de Constitución y Derechos Humanos del Congreso, presidida por la legisladora Patricia Juárez (Fuerza Popular), aprobó este miércoles 4 de mayo un proyecto de ley que impide contratar con el Estado a las personas jurídicas o empresas, cuyos representantes legales o personas vinculadas son condenadas, en el país o el extranjero, en primera instancia por delitos de concusión, peculado, corrupción de funcionarios, cobro indebido, entre otros delitos.
Dicho proyecto fue presentado por la parlamentaria Norma Yarrow, de Avanza País, quien además señala que “las personas naturales que han actuado en contra de los intereses del Estado y en beneficio propio (...) sean apartados de los concursos públicos y no puedan volver a participar como postores”.
Para ser efectiva dicha iniciativa, se busca modificar el literal n) del inciso 11.1 del artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, “a fin de optimizar la prevención de la corrupción en las contrataciones del Estado”.
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“Este proyecto es un certero golpe a la corrupción que aún impera en el aparato estatal, especialmente contra aquellas personas que han sido cuestionadas o denunciadas por sus vínculos con determinadas mafias”, resaltó Yarrow en la sesión de la comisión.
En efecto, este proyecto de ley buscaría “una correcta aplicación de la normativa en materia de contrataciones del Estado y la disminución de corrupción en los procedimientos de selección, tanto de los participantes como de los funcionarios y servidores del Estado”.
Por su parte, Norma Yarrow recalcó que su propuesta “hará que los empresarios, que participen en los procesos de selección, lo hagan sin tener que ofrecer ningún tipo de beneficio o coima a los funcionarios públicos”.
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“Se busca erradicar la corrupción y a los actores más importantes de la misma, los que no forman parte del aparato público, pero son los que siempre otorgan el beneficio indebido con la finalidad de ser favorecidos en los procesos de contratación”, añadió.
Cabe mencionar que, en los próximos días, la Comisión de Fiscalización y Contraloría, liderado por Héctor Ventura (Fuerza Popular), también deberá debatir y votar por este mismo proyecto de ley.