Congreso apura ley de impunidad para infractores en el financiamiento de campañas
Maniobra. Los partidos supuestamente antagónicos Fuerza Popular y Perú Libre terminan nuevamente aliados en la contrarreforma que desmantela la potestad de la ONPE para sancionar a candidatos que no entregaron informes en el plazo legal. También reducen las multas.
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Doce congresistas votaron a favor del dictamen, entre ellos la propia presidenta de la Comisión de Constitución, Patricia Juárez, así como Waldemar Cerrón de Perú Libre. Foto: composición LR
La presidenta de la Comisión de Constitución, Patricia Juárez (Fuerza Popular), incorporó de contrabando una modificación a la Ley de Organizaciones Políticas para anular procesos de sanción contra políticos que cometieron infracciones sobre financiamiento de campaña, a través de la figura de la prescripción. El cambio lo hizo en el texto final del dictamen que aprobó hoy este grupo de trabajo.
La versión final del texto aprobado establece un plazo irrisorio de un año para que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) pueda sancionar a los candidatos que incumplieron con la presentación de sus informes de ingresos y gastos de campaña dentro del plazo de ley.
“El plazo de prescripción para que la ONPE determine la existencia de la infracción cometida por los candidatos es de un (1) año, contados desde la comisión de la infracción”, se lee en la versión final del texto aprobado.
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La ONPE había sido consultada sobre el tema y propuso un plazo de 3 años. El proyecto de ley que origina esta contrarreforma es de Enrique Wong (Podemos Perú), quien planteaba 2 años. Patricia Juárez en su dictamen original proponía 4 años.
Sin embargo, Juárez sorprendió hoy al cierre de la sesión con un texto nuevo donde fija el plazo de prescripción de solo un año. No dio ninguna explicación técnica sobre este cambio que generará impunidad masiva.
Implicancias de la contrarreforma
El 10 de abril del 2021, La República informó que más de mil candidatos al Congreso de las elecciones generales últimas habían incumplido con presentar sus informes de ingresos y gastos dentro del plazo legal. Ese plazo había vencido el 19 de marzo.
Es decir, estos candidatos incurrieron en la infracción al día 20 de marzo y desde aquella fecha ya transcurrió el plazo de prescripción aprobado hoy, con lo cual los más de mil casos quedarían impunes. Esto además de los procesos en curso de las elecciones anteriores del 2018 y 2020.
En el dictamen aprobado, los congresistas se aseguraron en establecer que la prescripción aplica a “los procedimientos administrativos sancionadores en los cuales no se haya ejecutado la sanción de forma íntegra”. Es decir, todos los procesos que tiene en curso la ONPE, en relación a las elecciones del 2021.
Reducción de multas
Otro aspecto aprobado en el mismo dictamen es la reducción de las multas. Si actualmente un candidato debe pagar un mínimo de 10 UIT (44 mil soles) si no entrega su informe dentro del plazo legal, según el dictamen ahora se reduce a un mínimo de 1 UIT (4.400 soles).
Esto en virtud del proyecto de ley sustentado hace una quincena por el congresista de Perú Libre Waldemar Cerrón, quien incluso proponía una multa aún menor de hasta 440 soles.
ONPE pidió a personas que apoyen a la instalación de mesas si titulares o suplentes no acuden. Foto: La República
La votación
Fueron 12 los congresistas que votaron a favor de este dictamen que ahora pasará al Pleno para su posible aprobación para convertirse en ley.
Se trata de los legisladores Patricia Juárez, Alejandro Aguinaga, Martha Moyano y María Cordero Jon Tay de Fuerza Popular. Guido Bellido, Waldemar Cerrón y Jaime Quito de Perú Libre.
Asimismo, Eduardo Salhuana (APP), Adriana Tudela y Alejandro Cavero de Avanza País, Edgard Reymundo (Juntos por el Perú) y José Elías (no agrupado/Podemos Perú).
Genera impunidad
El abogado especialista en temas electorales Jorge Jáuregui consideró que esta norma, por un lado, genera impunidad para los infractores y, por el otro, le quita los dientes a la ONPE, pues el Congreso no ha previsto la necesidad de fortalecer y dar más presupuesto a esta entidad para atender los casos en un plazo de apenas un año.
Jáuregui considera que esta modificación que impulsa el Congreso, en lugar de fortalecer la transparencia en el financiamiento político, genera más opacidad.
