Congreso: presentan denuncia constitucional contra magistrados Blume, Ferrero, Sardón y Miranda

La congresista de Perú Libre Margot Palacios presentó ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso una denuncia contra los magistrados Ernesto Blume, Augusto Ferrero, José Luis Sardón y Manuel Miranda, a raíz de los últimos fallos que emitió el Tribunal Constitucional.

Palacios acusa a los referidos magistrados de haber infringido los artículos 1 y 2 de la Constitución y haber incurrido en el presunto delito de prevaricato, al haber declarado improcedente una acción de amparo presentada por las comunidades de Chila Chambilla y Chila Pucará, en la provincia puneña de Juli, en la que solicitan que se anule una concesión minera por encontrarse sobre sus territorios.

Las comunidades denunciaron que el Instituto Minero Metalúrgico (Ingemmet) y el Ministerio de Energía y Minas (MEM) —entidades responsables de la concesión— no aplicaron el mecanismo de consulta previa.

Los magistrados Blume, Ferrero y Sardón optaron por declarar improcedente el pedido de los pueblos, ya que “el derecho a la consulta previa no se encuentra reconocido por la Constitución ya sea en forma expresa o tácita”. En tanto, Miranda prefirió determinar infundada la demanda ya que considera que la concesión por sí sola no implica un riesgo directo para las comunidades.

Ante ello, la parlamentaria oficialista advierte que los tribunos desconocieron el Convenio 169 de la OIT, que, por ser un tratado internacional suscrito por el Estado Peruano, cuenta con rango constitucional, de acuerdo con diversos fallos del TC.

Indulto ilegal de Fujimori

En su denuncia, la congresista Margot Palacios también plantea acusar a los magistrados Ernesto Blume, Augusto Ferrero y José Luis Sardón por prevaricato debido a que con sus votos se restituyó el irregular indulto que le otorgó el expresidente Pedro Pablo Kuczynski al exdictador Alberto Fujimori en 2017.

La perulibrista asevera que dicha sentencia contradice lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Barrios Altos y La Cantuta: “El Tribunal ordenó al Estado, en ambos casos, la obligación de investigar, juzgar y, de ser el caso, sancionar a los responsables de los hechos”.

Palacios también recuerda que el indulto a Fujimori Fujimori fue revocado tras una revisión de la Corte Suprema de Justicia, a pedido de la Corte IDH. La instancia de justicia local encontró irregularidades en el otorgamiento de la gracia presidencial, como que la Junta Médica Penitenciaria vulneró principios de imparcialidad y debido procedimiento, y los informes contradictorios sobre el estado de salud del recluso.