El indulto perdona la pena de cárcel, pero sigue siendo culpable

La decisión del Tribunal Constitucional (TC), sustentada en los votos de los magistrados Ernesto Blume, José Sardón y Augusto Ferrero, restituye la validez del indulto y derecho de gracia que el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski otorgó a Alberto Fujimori en diciembre del 2017.

Esto supone el perdón de la sanción de 25 años de prisión que, el 9 de abril del 2009, la Sala Penal Especial impuso a Fujimori como autor mediato de los delitos de homicidio calificado-asesinato, lesiones graves y secuestro agravado con trato cruel, por los casos Barrios Altos y La Cantuta.

Es la única pena que se le perdona con el indulto. Las otras sanciones de prisión no entran, pues ya las ha cumplido.

Fujimori también fue condenado a seis años de prisión por el allanamiento ilegal del domicilio de Trinidad Becerra; a siete años y medio por el pago de la CTS a Montesinos; y otros seis años por el espionaje telefónico.

Sin embargo, dado que esas penas no se suman, sino que se cumplen de manera simultánea, al día de hoy ya se cumplieron en su totalidad. En el momento actual, Fujimori ya cumplió algo más de 15 años de cárcel, contando el tiempo que estuvo detenido en Chile y desde su extradición, en setiembre del 2007.

Otro aspecto a tener en cuenta es que el indulto perdona la pena de cárcel, mas no la condena por el delito ni borra los antecedentes ni el pago de la reparación civil. El exdictador debe unos 51 millones de soles.

Casos pendientes

El expresidente Kuczynski también otorgó a Fujimori el derecho de gracia para todos los procesos que se encuentran en trámite, esto es para los juicios que tenía pendientes y, por tanto, todavía no recibía una sanción.

Este perdón alcanzaría a dos procesos, actualmente en trámite, y con autorización de la Justicia chilena, por la ampliación de la extradición. Además del caso de las esterilizaciones forzadas, que recién ha entrado a investigación judicial y está pendiente el proceso de extradición.

Los dos que ya están en extradición son la acusación por el asesinato de seis ciudadanos de los anexos San José y Caraqueño, en el distrito de Pativilca, provincia de Barranca, a manos del destacamento especial Colina en 1992.

Además, por autorizar el uso de 800.000 dólares de fondos públicos para que Augusto Miyagusuku compre dos terrenos agrícolas en el proyecto de irrigación Chavimochic, en La Libertad.

En el año 1994, de acuerdo a la Fiscalía, el entonces presidente de la aseguradora Popular y Porvenir (PyP), Augusto Miyagusuku, adquirió los terrenos, ubicados en el sector III del Proyecto Especial Chavimochic del Valle de Virú, presuntamente a favor del expresidente Alberto Fujimori.

Ambos casos están con acusación y pendientes de juicio. Sin embargo, en el caso Pativilca, el 9 de febrero del 2018, el entonces colegiado “A” de la Corte Penal Nacional declaró inaplicable el derecho de gracia concedido a Fujimori y dispuso continuar el juicio público.

Esa resolución judicial no fue incluido en el habeas corpus resuelto por el TC, por lo que sigue vigente. Los argumentos utilizados por los jueces fueron diferentes a los de la Sala Penal Especial Suprema que anuló el indulto.

Además, este fallo crea un precedente, pues los familiares de las víctimas y sus abogados pueden pedir que los jueces tomen la misma decisión en los casos Chavimochic y el de las esterilizaciones forzadas, vía control constitucional.

Así, aún no todo está perdido para que las víctimas encuentren justicia.

El presidente no puede anular un indulto

En el caso de José Enrique Crousillat, el TC sentenció que un indulto adquiere calidad de cosa juzgada al ser otorgado, por lo que es definitivo y no puede ser anulado por el mismo presidente.

Un indulto, dijo el TC, solo puede ser anulado por los jueces en un control constitucional posterior. Por esto, estableció que la resolución del presidente Alan García, que anuló el indulto a Crousillat, era inviable constitucionalmente.

Entonces, el TC procedió a anular el indulto de Crousillat, convalidando los eventos de la resolución de Alan García; es decir, Crousillat regresó a prisión a cumplir toda su pena.

Con este antecedente, el presidente Pedro Castillo no podría anular el indulto de Alberto Fujimori.

Reacciones

Ronald Gamarra, abogado penalista

“El indulto no aplica a violaciones de DDHH ni a crímenes de lesa humanidad. No se combate la corrupción liberando al jefe de la organización criminal que levantó en peso los dineros del Estado”.

Sigrid Bazán, congresista

“El Tribunal Constitucional sienta un inaceptable y peligroso precedente al restituir un indulto ilegal y negociado otorgado por PPK. Alberto Fujimori debe cumplir su sentencia en prisión”.

Diana Miloslavich, ministra de la Mujer

“Alberto Fujimori debe cumplir su condena en prisión. Su liberación es ilegal e inaceptable. Estamos con los familiares de las víctimas y la ciudadanía que apuesta por respeto al Estado de derecho”.

Mirtha Vásquez, expresidenta de la PCM

“El TC atropella la memoria y derecho a la justicia de las víctimas de la dictadura de los 90. El Gobierno debe acudir de inmediato a la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.