Majes Siguas II: consejero presenta reconsideración de acuerdo para suscribir adenda 13
El representante de la provincia de Islay, Elmer Pinto, remitió documento al presidente del Consejo Regional, José Luis Hancco, pidiéndole que se admita su propuesta de reconsideración. Plazo vence hoy.
- Carla Bustíos Arteaga, exalumna de José María Balcázar obtuvo contrato con el Estado un día después de visitarlo
- Elecciones 2026: JNE organizará 25 debates parlamentarios del 9 al 20 de marzo en todo el Perú
Luego de que la semana pasada el Consejo Regional de Arequipa aprobó la suscripción de la adenda 13 del proyecto Majes Siguas II, ahora el consejero por la provincia de Islay y presidente de la Comisión de Agricultura, Elmer Pinto Cáceres, presentó un documento de reconsideración al acuerdo.
El oficio alcanzado al presidente del Consejo Regional, José Luis Hancco y al resto de consejeros, señala que el acuerdo tomado en sesión extraordinaria del día 25 de febrero “se ha definido en base a argumentos y fundamentos que estarían vulnerando la legalidad del contrato vigente representado por el Texto único Ordenado con la firma de la adenda 12.
TE RECOMENDAMOS
REGRESA EL CUENTO DEL FRAUDE Y DANIEL URRESTI LIBERADO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026
PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno
Le plantea que apoye la propuesta de reconsideración. De acuerdo al reglamento interno del Consejo Regional, una reconsideración puede ser admitida si es presentada dentro del plazo de dos días hábiles después de la decisión. En este caso, el acuerdo fue tomado en sesión extraordinaria del viernes 25 de febrero. Si se cuenta los días hábiles, el plazo vence hoy.
Además, la procedencia de la reconsideración está condicionada a que se presente por escrita y esté firmada por un tercio del número legal de consejeros. Si cumple con los requisitos, el presidente la pone a consideración del pleno.
Cabe señalar que Elmer Pinto estuvo en contra de la suscripción de la adenda y votó en contra. Según su opinión, el trato con el concesionario supone una “subordinación” a las amenazas de arbitraje de la empresa. Aseguró que el proyecto terminaría costando US$ 128 millones más con impuestos.
