Cusco: la caída de los alcaldes de Echarati por corrupción
Malos pasos. Cinco alcaldes consecutivos acusados de robarle a la municipalidad y a su pueblo.
Desde el 2007, los alcaldes que ingresaron a la municipalidad distrital de Echarati, lo hicieron para robar, literalmente. Son cuatro gestiones consecutivas y cinco alcaldes acusados de corrupción, algunos en la cárcel, otros prófugos de la justicia. El quinto de esa cadena delictiva es Herbert Peña para quien el Poder Judicial dictó el último jueves 9 meses de prisión preventiva por los delitos de organización criminal, colusión y cohecho.
Echarati es uno de los distritos millonarios del país que recibe anualmente más de S/100 millones para menos de 50.000 habitantes. La plata no es el problema, sino las pésimas gestiones. En el caso de Herbert Peña es investigado por liderar una banda criminal dedicada al cobro de sobornos a cambio de órdenes de servicio. Para eso, se direccionaban los procesos de selección.
El fiscal anticorrupción, Alex Franco, sostuvo que preliminarmente se detectó que esta red estaría conformada por el chofer del alcalde, Abel Huamán, quien recibía el dinero ilícito y el asistente del secretario de alcaldía, Vladimir Buitrón, encargado de contactar con los proveedores. Para ellos también se dictó la prisión preventiva y ambos ya se encuentran detenidos. “Además decidieron someterse a la confesión anticipada”, dijo Franco.
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Peña siguió los mismos malos pasos de su antecesor, Boris Chávez, alcalde electo del 2019, quien actualmente cumple una prisión preventiva por recibir coimas para favorecer a proveedores en contratos. El día de su captura tenía S/12 000.00 y un arma de fuego. Dejó el cargo en el 2020.
En la gestión del 2015, el alcalde Raúl Morales también fue a prisión por el presunto delito de asociación ilícita para delinquir por desviar fondos de un proyecto educativo y peculado por una obra fantasma de mantenimiento de talud en el centro poblado de Palma Real.
José Ríos (2011-2014) es el alcalde prófugo que huyó de la justicia luego del dictamen de 18 meses de prisión preventiva por direccionamiento de empresas para distintas obras. Existen más de 60 denuncias contra él por obras como un puente fantasma. Sin embargo, fue el alcalde Elio Pro, quien recibió una sentencia de 10 años de cárcel por el delito de colusión y aprovechamiento del cargo. En su gestión del 2007-2010, contrató a su cuñado para direccionar expedientes. Fue capturado por el programa de Recompensas del Ministerio del Interior, luego de estar tres años en la clandestinidad.
Proveedora quedó libre
Poder Judicial declaró infundado pedido de prisión preventiva para la proveedora Albertina Santos Álvarez, investigada por entregar s/50 000 a cambio de órdenes de servicio. Sólo se dictó comparecencia porque se determinó que no representa riesgo de fuga. Sin embargo, la fiscalía apelará ese extremo.
