Montoya propone que “personas drogadictas” no puedan postular ni ejercer cargos públicos
El proyecto asegura que una persona drogadicta no cumpliría cabalmente como funcionario o funcionaria porque no tendría la claridad y sentido común para laborar eficientemente.
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La bancada de Renovación Popular, por iniciativa de su congresista Jorge Montoya, quien también es vocero de esta agrupación, ha presentado un proyecto de reforma constitucional para que “las personas drogadictas” no puedan postular a un cargo de elección popular ni ejercer la función pública.
La iniciativa busca modificar los artículos 34-A y 39-A de la Constitución Política del Perú y precisa que no podrán postular a cargos de representación popular ni trabajar como funcionarios públicos “los diagnosticados por un médico del sector Salud, salvo que hayan pasado 15 años de haberse recuperado totalmente de la adicción”.
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En su documento, Montoya señala que “la drogadicción es uno de los males que más se ha extendido en el mundo en las últimas décadas, ocasionando serios problemas para aquellos que consumen las drogas ilegales o ilícitas, como a su entorno familiar y a la sociedad en general”.
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Asimismo, el parlamentario de derecha indica que “la realidad del tratamiento de las adicciones en el Perú tiene las siguientes características”: obstáculos en la prestación de servicios en casos de dependencia a sustancias, prohibición de visitas o de la participación de la familia, centros sin supervisión clínica básica, costo cubierto por el paciente o familia, y baja inversión del Estado para satisfacer la demanda.
“El problema que nos planteamos”, dice la iniciativa de Montoya, “es: ¿un drogadicto con esas características puede asumir la alta responsabilidad que tienen los funcionarios públicos, como gobernador regional, consejero regional, alcalde, regidor, congresista o hasta el propio presidente de la República o sus vicepresidentes?”.
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“¿Podrían cumplir cabalmente con sus funciones en los poderes del Estado, Parlamento nacional, gobiernos regionales, municipalidades y cualquier otra institución del estado donde trabajan los funcionarios públicos? ¿Tendría la claridad, lucidez, sentido común y criterio para laborar eficientemente en cada uno de sus puestos? En nuestra opinión, la respuesta es no”, culmina el parlamentario.
