Inviolabilidad de opinión no evitaría sanción contra Montoya tras vincular a ministra Ortiz con SL
Pese a que no ha podido sustentar su acusación, Jorge Montoya dijo ante la Comisión de Ética que se mantiene en su sospecha. Especialistas señalan que si existe agravio, el legislador puede ser sancionado política y judicialmente.
El último lunes 17 de enero, el congresista Jorge Montoya, de Renovación Popular, manifestó ante la Comisión de Ética que se mantiene “en sus sospechas” de que la actual titular de Cultura, Gisela Ortiz, tenía nexos con el grupo terrorista Sendero Luminoso. Pese a que hasta la fecha no ha presentado ninguna prueba que sustente lo dicho, el parlamentario solo apeló a su “derecho de opinión”, lo cual generó la reacción de la ministra.
En efecto, Ortiz Perea, tras la insistencia de Montoya Manrique en sus declaraciones, anunció en Twitter que denunciará al legislador, pues consideró que ”por encima del ‘derecho a opinar’, que pretende camuflar difamaciones, está el derecho a la dignidad de las personas”.
La Comisión de Ética, en la siguiente sesión, determinará si hubo infracción y si corresponde una sanción. ¿Qué le deparará al vocero de Renovación Popular tanto en lo político como en lo judicial?
Al respecto, el ex oficial mayor del Congreso, José Elice, comentó a La República que, a su parecer, la Comisión de Ética estaría ante un caso que podría ser calificado como “grave”. También, indicó que el Código de Ética establece que los parlamentarios están obligados a desenvolverse de manera ejemplar al ser los representantes de la nación. En ese sentido, recalcó que los legisladores no pueden expresarse sin faltar a la verdad.
Por ello, mencionó que la Comisión de Ética tendría que examinar “cómo fueron las expresiones” y “con qué énfasis las hizo” el congresista Montoya para que luego el grupo de trabajo parlamentario proponga una sanción. Por otra parte, Elice aclaró que no es fácil precisar qué tipo de amonestación le correspondería al legislador en caso de que se determine su falta. No obstante, manifestó que estas podrían ir desde una llamada de atención hasta la suspensión de funciones.
“Los congresistas tienen todavía inviolabilidad de opinión. Ellos pueden opinar como deseen. (Pero) una cosa es opinar y otra cosa es expresar algo de manera categórica. Una afirmación categórica debe estar basada en evidencia. Si no, es un delito contra el honor, definitivamente”, dijo Elice Navarro.
Desde el plano judicial, el constitucionalista y ex oficial mayor del Congreso, César Delgado Guembes, afirmó que si bien a los parlamentarios les reviste la inviolabilidad de votos y opiniones, estas no los protege de la comisión del delito contra el honor. En ese sentido, explicó que en caso de que en las declaraciones de Montoya Manrique existiera la pretensión de difamar o injuriar, la ministra de Cultura, Gisela Ortiz, podría iniciar un proceso legal contra el legislador.
“Si le ha generado malestar a la ministra de Cultura porque la han injuriado o difamado, lo que correspondería es que presente una querella contra el congresista Montoya en sede judicial. Eso sería lo normal, más allá de lo que se determine en la Comisión de Ética”, expresó el letrado a La República.
Comisión de Ética determinará sobre el caso Montoya en su próxima sesión, afirma Salhuana
El congresista Eduardo Salhuana, integrante de la Comisión de Ética, afirmó a La República que su grupo de trabajo propondrá en la siguiente sesión la procedencia de la denuncia contra el parlamentario Jorge Montoya, de Renovación Popular. El legislador de Alianza para el Progreso señaló que en la última audiencia se recogieron sus descargos, por lo que están a la espera del informe de la secretaría técnica.
Asimismo, argumentó que si bien es pronto para determinar si Montoya Manrique faltó al Código de Ética, no ha podido sustentar su afirmación. Ante ello, recordó que, durante la audiencia, el congresista de Renovación Popular señalaba que se basaba en comentarios y notas informativas.
“No hay nada que corrobore lo que ha dicho. Él se ampara en su derecho a opinar. El problema es que esa opinión es bastante delicada porque involucra a la ministra en una actividad ilícita y de suma gravedad en el país. Esperemos el informe que nos traiga la comisión”, remarcó.
