Rafael López Aliaga insiste en fraude electoral pese a decisión de Fiscalía

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, se refirió a las seis resoluciones de distintas fiscalías provinciales que investigaron las denuncias sobre presuntas irregularidades en las mesas de votación que presentó Fuerza Popular en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021. López dijo que no confiaba en la Fiscalía, ni en la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, al considerar que tenía vínculos de amistad con el expresidente Martín Vizcarra.

“¿Tú confías en la Fiscalía del Perú? ¿Confías en Zoraida Ávalos, amiga personalísima del ‘lagarto’ Vizcarra? Yo, personalmente, no confío (...). Hay una investigación en el Congreso de la República que me parece mucho más amplia y seria que seis fiscalías que analizan un acta que la presentó otra persona. En el Congreso hay una investigación abierta. Es lo que quieren los señores del Jurado: distraer”, dijo para Panamericana.

Asimismo, cuestionó que habría existido un padrón de difuntos que equivalía a 200.000 votos, lo cual, según sus declaraciones, podría definir la elección.

“¿Por qué no sueltan hasta ahora el padrón de difuntos. 200.000 difuntos que habrían votado, que lo suelten, que lo hagan público. Eso te define una elección. Yo confío en que ahora tenemos un ejército enorme de personeros, que fue lo que nos faltó”, argumentó.

Investigación de la Fiscalía ratifica que no hubo fraude electoral

De acuerdo con las seis resoluciones de distintas fiscalías provinciales que investigaron las denuncias presentadas por Fuerza Popular sobre supuestas irregularidades en los comicios pasados, no hubo fraude.

Tan pronto culminaron los comicios, Keiko Fujimori afirmó en conferencia de prensa que hubo fraude en mesa, aún cuando los observadores habían señalado que el proceso cumplió estándares nacionales e internacionales. La candidata presidencial del fujimorismo alegó que había “una clara intención de boicotear la voluntad popular”. Luego pasaron a presentar denuncias ante los jurados electorales especiales en distintas partes del país, las mismas que llegaron hasta el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), donde se confirmó lo dispuesto en primera instancia. Es decir, las denuncias por falsificación de firmas y suplantación de miembros de mesa no tenían medio probatorio. Finalmente, el máximo ente electoral derivó los casos al Ministerio Público.