Juez anula medida cautelar que impedía venta de Grupo El Comercio
Nuevo juez del Séptimo Juzgado Comercial de Lima anula la resolución judicial que impedía la venta de El Comercio al considerar que no se examinó íntegramente las consecuencias jurídicas de dicha decisión.
La República en GoogleEl juez Edwin Bautista Dipaz, encargado del Séptimo Juzgado Civil especializado en Derecho Comercial de la Corte Superior de Lima, declaró nula y sin efecto legal la medida cautelar que impedía la compra-venta de Grupo El Comercio, informó la referida empresa periodística.
La resolución judicial argumenta que se deja sin efecto dicha medida pues no satisface la exigencia de razonabilidad prevista en el Código Civil al no haberse examinado, al momento de su emisión, los efectos económicos y jurídicos que tal decisión produce sobre los 79 accionistas vendedores y posiblemente también sobre los compradores.
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El 30 de julio último, el hoy suspendido juez Juan Varillas Solano dictó una medida cautelar de no innovar a favor de los accionistas minoritarios Hernández López de Romaña Dalmau, Alois Miró Quesada Koechlin y Arthur Do Nascimento Silva para asegurar el cumplimiento de un futuro laudo arbitral ante la Cámara de Comercio de Lima.
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Luego de ser notificados de esa decisión, El Comercio y 79 accionistas presentaron recursos de oposición y solicitaron al juzgado comercial reevaluar la decisión y sus alcances. Así, luego de evaluar el caso el juez Bautista Dipaz tomó la decisión de anular lo resuelto por el juez Varillas Solano. Una decisión que fue notificada en las últimas horas a las partes en el proceso.
El juez Varrillas Solano se encuentra actualmente suspendido por decisión de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial luego de detectar que habría actuado con inusual celeridad al emitir la medida cautelar contra la venta de El Comercio. Además, se detectó que no era posible determinar en qué lugar y en qué momento redactó la referida resolución pues el magistrado señaló que lo hizo fuera del horario y del despacho judicial y trasladó el documento en un USB de su propiedad.
Además, la ANC-PJ investiga un probable ruleteo y direccionamiento de expedientes desde la Mesa de Partes Única hacía los juzgados comerciales en que el estarían involucrados magistrados, personal jurisdiccional y abogados. Un sistema que permitía direccionar las demandas y pedidos de medidas cautelares a determinados juzgados.
