Política

Investigan a gobernadores de Áncash por nombramiento ilegal

La representante de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Huaraz, Austry Soledad Bravo Caballero, decidió iniciar una investigación preliminar por el plazo de 60 días.

La Defensoría señaló que el GORE Áncash recibió presupuesto para la compra de alimentos y bienes para su almacén de parte del Gobierno nacional. Foto: La República
La Defensoría señaló que el GORE Áncash recibió presupuesto para la compra de alimentos y bienes para su almacén de parte del Gobierno nacional. Foto: La República

Por la presunta comisión del delito contra la administración pública, el Ministerio Público decidió iniciar una investigación preliminar contra el gobernador regional de Áncash, Juan Carlos Morillo Ulloa, y Henry Borja Cruzado, en base a la denuncia realizada por el ex fiscal anticorrupción Javier Estrada Rodríguez.

Como se conoce, Estrada informó que el 28 de octubre del 2019 se emitió la Resolución de Gerencia Regional N° 514, firmada por el exgerente del Gobierno Regional de Áncash (GRA) Johnny Muñante Quispe, en la cual se designa a la abogada Silvana Acuña Zanini como procuradora adjunta, decisión que fue respaldada por el entonces gobernador Morillo Ulloa.

Según los documentos presentados por Estrada, Acuña Zanini obtuvo su título como abogada el 31 de enero de 2018, es decir, un año y nueve meses antes de asumir como funcionaria regional.

El denunciante advirtió que el nombramiento no cumple lo estipulado en el reglamento para la designación de procuradores públicos, en el cual se indica que para ocupar dicho cargo se requieren como mínimo tres años de ejercicio profesional.

Respecto a Henry Borja, se pide que también sea investigado por haber mantenido en el cargo a dicha funcionaria.

La representante de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Huaraz, Austry Soledad Bravo Caballero, decidió iniciar una investigación preliminar por el plazo de 60 días. Para la primera semana de enero se ha programado recoger las declaraciones del denunciante y los investigados Morillo, Borja, Muñante y Acuña.

También se ha solicitado documentación al Gobierno Regional de Áncash, el Colegio de Abogados de La Libertad y la Universidad Antenor Orrego.