Defienden derecho a la información en juicio a periodista
Caso. Presentan recurso a días de emitir sentencia en el caso de Daniel Yovera, querellado por persona ligada al Sodalicio.
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El abogado constitucionalista Roberto Pereyra, que ha incorporado un amicus curiae en defensa de la libertad de expresión en el proceso penal entablado por Alberto Gómez de la Torre Pretell contra el periodista de investigación Daniel Yovera, espera que el juez Arnaldo Sánchez no solo admita el escrito, sino también tome en cuenta los puntos planteados en el documento.
“Lo hemos presentado con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDD- HH) porque consideramos que el caso de Daniel Yovera tiene una repercusión pública indiscutible. Se pretende criminalizar una modalidad de derecho a la información que consiste en el reportaje de entrevistas a testigos que han participado en unos hechos noticiosos que son de interés público”, precisa Pereyra.
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En la querella, Alberto Gómez de la Torre Pretell, exrepresentante de empresas vinculadas al Sodalicio de Vida Cristiana, sostiene que la información vertida por los testigos es falsa, y responsabiliza al periodista por esas supuestas falsedades. Además, solicita tres años de prisión para el demandado.
El abogado Roberto Pereyra recuerda que el alegato del denunciante es rechazado por la jurisprudencia internacional y también nacional, porque el trabajo que realizó Yovera es un reportaje fiel o reportaje neutral.
“Es decir, cuando el periodista se limita a consignar testimonios de fuentes verosímiles al momento del reportaje y no agrega nada, no imputa nada e identifica a la fuente, eso no puede ser criminalizado. Eso está protegido por lo que se denomina la doctrina del reportaje fiel o reportaje neutral”, sostiene Pereyra.
Y agrega que han entregado al magistrado información jurisprudencial y doctrinaria sobre el reportaje fiel para que la tome en cuenta y absuelva a Daniel Yovera en este proceso.
La clave
Según Roberto Pereyra, esta demanda responde a un patrón de comportamiento que trata de impedir que se conozcan hechos. “Usa estos mecanismos judiciales para impedirlo y eso es incompatible con la libertad de expresión en un Estado de derecho”, dice.
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