Audiencia contra de Guillermo Bermejo por presunta afiliación terrorista se reanuda este miércoles
Sobre el parlamentario de Perú Libre pesa una acusación por pertenencia y afiliación terrorista a los remanentes de Sendero Luminoso en el Vraem.
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Guillermo Bermejo declaró a los medios durante el intermedio de la jornada del Pleno del Congreso en la que se abordó la interpelación a Iber Maraví. Foto: Deysi Portuguez/ URPI-LR
En medio de la polémica fiesta del ministro del Interior, Luis Barranzuela, en la que se vio involucrado, el congresista Guillermo Bermejo deberá presentarse este miércoles 3 de noviembre, desde las 3.00 p. m., en la audiencia del juicio oral en su contra por presunta afiliación a una organización terrorista. La fecha fue fijada por el juez Andrés Churampi.
La referida audiencia, que estaba prevista en un inicio para el 27 de octubre, fue reprogramada por el Poder Judicial debido a la ausencia de uno de los testigos que iban a ser presentados por la defensa legal del legislador oficialista. Otro motivo de la reprogramación fue que Bermejo Rojas se encontraba desarrollando actividades en el Parlamento.
Previamente, en la última audiencia, se había presentado como testigo Hugo Heraclio Tacuri Huamaní. Tras ello, este miércoles se presentará Sergio González Apaza, a pedido del abogado del congresista, Ronald Atencio, quien también es la actual defensa del ministro del Interior, Luis Barranzuela.
¿En qué consiste el caso de Guillermo Bermejo?
A Guillermo Bermejo se le acusa por el presunto delito contra la tranquilidad pública-terrorismo en agravio del Estado, en la modalidad de afiliación terrorista a los remanentes de Sendero Luminoso del valle de los ríos Apurímac y Ene (Vraem), entre 2008 y marzo del 2009.
De acuerdo a la tesis fiscal, el hoy congresista de Perú Libre se habría desplazado en varias oportunidades de manera “consciente y voluntaria” para reunirse clandestinamente con Víctor Quispe Palomino y con otros miembros del grupo senderista.
Por otro lado, indica que el legislador asistía a dichas reuniones con el fin de recibir adoctrinamiento ideológico, político y en el uso de armas de fuego.
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La sentencia solicitada por el Ministerio Público es de 20 años de prisión, además del pago de una reparación civil en agravio del Estado peruano, 365 días multa, y la inhabilitación posterior como funcionario.
