Congreso: sacan del archivo ley de publicidad estatal observada por Francisco Sagasti
Retroceso. Pese a críticas en cambios planteados por el Congreso anterior que afectan el acceso a la información, la norma será ahora debatida por la Comisión de Transportes y Comunicaciones.
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Pese a las críticas hechas en su momento por entidades como el Consejo de la Prensa Peruana y el Instituto Prensa y Sociedad, y a pesar de haber sido observada por el gobierno del expresidente Francisco Sagasti por afectar la libertad de expresión, el Congreso retiró del archivo la propuesta legislativa que Alianza para el Progreso (APP) presentó en 2019 para regular la publicidad estatal.
Por un acuerdo fijado en agosto por el Consejo Directivo encabezado por la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, los proyectos de ley que quedaron pendientes de trámite al concluir el período parlamentario 2016-2021, cualquiera que fuese su estado procesal, debieron pasar al archivo. Sin embargo, se dispuso también una excepción destinada a las iniciativas legislativas observadas por el presidente de la República, que sí terminarán siendo revisadas dentro de las comisiones ordinarias respectivas, “a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 79 del Reglamento del Congreso”.
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En ese sentido, el texto sustitutorio propuesto para la ley que regula la publicidad estatal, desarchivado oficialmente el miércoles 13 de octubre, será visto dentro de la actual Comisión de Transportes y Comunicaciones presidida, justamente, por el congresista Alejandro Soto Reyes de APP.
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La propuesta aprobada por el Pleno el 1° de julio buscaba que las entidades del Estado que contraten con privados tengan que darles prioridad a los medios de distritos, provincias y regiones con una programación local no menor de un 50%. Asimismo, establece que se justifique, de manera técnica, la selección de los medios de difusión a contratar bajo los criterios de público objetivo, cobertura, duración de la campaña, equilibrio informativo, impacto de la campaña, precio, localidad de los medios y vigencia de autorización del Ministerio de Transportes para los que corresponda.
“De promulgarse, se vulnerarán los derechos de información de miles de peruanos que no podrán acceder a información relevante emitida por el Estado”, indicó la entidad.
