Terreno usurpado por clan Orellana regresará al hospital Valdizán
El hospital especializado en salud mental, Hermilio Valdizán, recuperará definitivamente más de 5 mil metros cuadrados que estuvieron en manos del Clan Orellana.
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El centro de salud especializado en temas mentales y psiquiátricos, Hermilio Valdizán, tendrá de vuelta alrededor de 5361 m2, terreno que le fue usurpado por uno de los tentáculos de la organización criminal liderada por Rodolfo Orellana.
La decisión fue dada formalmente el 17 de febrero pasado con una condena emitida por el Poder Judicial contra Ludith Orellana (hermana de Rodolfo) y otros implicados en la inscripción ilícita de 47 inmuebles entre los años 2009 y 2013.
No obstante, la jueza del Cuarto Juzgado Unipersonal Anticorrupción, Fernanda Ayasta, declaró “consentida" la sentencia el último 3 de marzo, pues ninguna de las partes apeló el decomiso definitivo del terreno y regresará definitivamente al Estado.
Terreno usurpado por clan Orellana regresará al hospital Valdizán
decomiso
Asimismo, en la resolución se señala también que se remita el documento al PRONABI (Programa Nacional de Bienes Incautados) así como a Sunarp para que se inscriba formalmente el inmueble a favor del Estado.
Este terreno de 5361 m2, cabe resaltar, fue incautado previamente por el Poder Judicial el 27 de noviembre del 2017.
Como ello se trataba de una medida temporal y solo de retención, los fiscales anticorrupción del caso, Elvis Suárez y Eiser Jiménez, hicieron el pedido a la jueza Ayasta para que se haga efectiva la sentencia en el extremo del decomiso el 2 de marzo.
“Habiendo transcurrido en exceso el plazo legal para imgugnar ese extremo de la sentencia, la Fiscalía, (...) solicita se declare consentida el extremo de la sentencia que dispuso el decomiso definitivo del bien inmueble”, reza un fragmento de la solicitud fiscal.
Condena
La sentencia que se dictó íntegramente el pasado 17 de febrero alcanzó, además de Ludith Orellana, también al exjefe de Sunarp Álvaro Delgado Scheelje así como otros abogados y testaferros de la red que operó entre 2009 y 2013 con ayuda de Registros Públicos.
Por esta razón, y para alertar a Sunarp de exfuncionarios suyos que ahora tienen condena, les remitió la sentencia completa el último 26 de febrero.
En el fallo, el Poder Judicial también ordena que se paguen S/2 millones de reparación civil al Estado por los daños ocasionados.
