Consejo para la Reforma muestra preocupación por el nuevo Código Procesal Constitucional
El comité integrando por Francisco Sagasti, Mirtha Vásquez, Elvia Barrios y otros señaló que esta aprobación “ocasionará una sobrecarga de casos carentes de fundamento”.
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El Ministerio de Justicia (Minjus) emitió un comunicado de parte del Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, en el cual sus miembros mostraron su preocupación por la aprobación del nuevo Código Procesal Penal y las políticas que contiene, ya que señalaron que generaría “una sobrecarga de casos carentes de fundamento”.
“Expresamos nuestra preocupación por iniciativas que ponen en riesgo esta política pública y que podrían afectar significativamente el correcto funcionamiento del sistema de justicia en el país, como la aprobación del nuevo Código Procesal Penal”, señalaron.
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El consejo está conformado por el presidente Francisco Sagasti; la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez; la titular del Poder Judicial, Elvia Barrios; el contralor general de la República, Nelson Shack; el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez; el fiscal de la Nación (e), Pablo Sánchez; la presidenta de la Junta Nacional de Justicia, Inés Tello; y el ministro de Justicia, Eduardo Vega.
Como se informó, el Congreso aprobó por insistencia con 80 votos a favor, 15 en contra y ocho abstenciones la ley que crea el nuevo Código Procesal Constitucional, pese a que la autógrafa fue observada por el jefe de Estado.
Con respecto a ello, Luis Valdez, presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, expresó que el Ejecutivo viene “observando proyecto tras proyecto sin mayor razón, sin mayor análisis, y solo con el ánimo de entorpecer el trabajo de la representación nacional”.
Perú cuenta con una hoja de ruta para modernizar el sistema de justicia
En el documento, también indicaron que el Perú cuenta con una política de reforma, la cual fue admitida por unanimidad por los miembros del consejo en mención, que tiene como objetivo “modernizar la justicia y garantizar su acceso equitativo”.
“La política contiene, además, un análisis preliminar de los recursos requeridos para ponerla en práctica. Así, el Perú cuenta con una hoja de ruta para guiar el quehacer de la justicia en el país en los próximos cinco años”, se lee en el oficio.
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