Congreso desacata mandato judicial y hace papelón

Lo que se vio ayer en el pleno califica como un papelón. No solo se desacató la orden judicial que pedía suspender el proceso de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional por ausencia de transparencia en la motivación de los puntajes asignados a los postulantes. Eso de por sí, ya resulta bastante grave. Sino que la sesión misma dejó en evidencia la improvisación con la que se ha llevado este proceso y la desesperación de grupos políticos, y de sus respectivos líderes, por lograr —como sea— que sus favoritos alcancen una de las seis plazas en disputa.

Un dato pone en contexto lo que ocurrió: el Parlamento votó a los tres primeros de la lista de méritos elaborada por la comisión especial y ninguno alcanzó los 87 votos necesarios. El primero, Fernando Calle Hayen, apenas llegó a seis. Los dos siguientes, Aarón Oyarce y Carlos Hakansson, tampoco pudieron superar la valla, a pesar de que fueron votados dos veces cada uno porque César Combina (Alianza para el Progreso) pidió una reconsideración. Ni así.

Se sabía que ni el Frente Amplio ni el Partido Morado iban a desacatar la decisión de la jueza Soledad Blácido. La sorpresa la puso la bancada del Frepap cuando, a través de su vocera, María Retamozo, anunció que pese a las discrepancias que pudieran tener con la resolución, la respetarían. “La bancada del Frepap no participará en la votación para la elección de los magistrados del TC”, ratificaron en un comunicado. Pidieron además la intervención del procurador del Parlamento para la apelación correspondiente.

Tragicómico

Luego de un corto debate en el que no faltaron las llamadas de atención al Frepap por haber dicho que acataría la disposición judicial, lo primero que hizo el Pleno fue ratificar el acuerdo de la Junta de Portavoces para continuar con la renovación de los miembros del TC. Cabe recordar que seis de los siete tribunos ya cumplieron sus mandatos.

Luego, se procedió a votar por cada uno de los candidatos según el orden de méritos. Como ya se dijo, el que aparecía primero, Calle Hayen, fue rechazado por una amplia mayoría: 6 a favor, 80 en contra y 8 abstenciones. Enseguida, fue el turno de Oyarce: 71 a favor, 17 en contra y 5 abstenciones. Después, el de Hakansson: 81 a favor, 6 en contra y 6 abstenciones.

En este punto, Combina pidió la palabra y solicitó una reconsideración. Alegó que por una serie de desentendidos y confusiones (no especificó cuáles), las dos últimas votaciones —de Oyarce y Hakansson— no reflejaban la “real voluntad” de la representación nacional.

De inmediato, Rolando Ruiz (Acción Popular), presidente de la comisión especial, pidió un cuarto intermedio de una hora.

En realidad, lo que se buscaba era presionar sobre todo al Frepap —al menos a algunos de sus miembros— para que cambiaran sus posturas. Solo María Céspedes emitía su voto. Los demás dejaban sus casilleros en blanco, al igual que sus colegas del FA y del PM.

Cumplida la hora, se votó de nuevo por Oyarce. No llegó a los 87, otra vez. La tensión aumentó y Combina recriminó al FA su actitud e incluso los instó a dejar el hemiciclo. En respuesta, Rocío Silva Santisteban señaló que ellos tenían todo el derecho de ocupar sus escaños aunque no expresaran el sentido de sus votos. “Ustedes son los que están en contra del Poder Judicial y de la Constitución”, añadió.

Ruiz, el titular de la comisión especial, solicitó un nuevo cuarto intermedio, esta vez de 15 minutos, para que los ánimos se enfriaran un poco. Al retorno, se votó la reconsideración de Hakansson. Tampoco se obtuvieron los 87 votos.

Cuando tocaba pasar al cuarto nombre en la lista de méritos —Freddy Hernández Rengifo —, y para evitar un descalabro mayor, Fernando Meléndez (APP) pidió la suspensión del debate. El papelón fue inevitable, e inocultable la responsabilidad de las cabezas de los partidos: César Acuña (APP), Keiko Fujimori (FP), José Luna (Podemos) y Antauro Humala (UPP).

La Junta de Portavoces ha sido convocada para hoy a partir de las 8 de la mañana.

Pronunciamientos

Mientras el Pleno del Parlamento llevaba adelante una elección e incurriendo en desacato, la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, se pronunció en sus redes sociales.

“Toda persona o autoridad está obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales sin perjuicio de impugnarlas ante la instancia correspondiente, si así lo considera”, escribió. Y añadió: “Cuestionar una resolución judicial exige a los involucrados usar los cauces constitucionales y democráticos para revertirla. No hay justificación alguna para usar el insulto o la adjetivación hacia la autoridad judicial. Cuando hay argumentos, el resto sobra”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también se manifestó en su cuenta oficial de Twitter: “La CIDH expresa su preocupación por el comunicado del Congreso de la República que acuerda continuar con la sesión y votación para la designación de magistrados del Tribunal Constitucional, pese a que existe una resolución judicial que ordena suspender el proceso (...) La CIDH recuerda los estándares establecidos para seleccionar y designar a operadores de justicia, entre los que destacan publicidad, transparencia, plazos y procedimientos, calificación con base en el mérito, capacidades profesionales y participación de la sociedad civil”.

José Miguel Vivanco, director ejecutivo de Human Rights Watch, también indicó sentirse “preocupado” por la decisión del Congreso, que lo ha llevado a “incurrir en un desacato de una decisión judicial”.

Lo que ocurra hoy es imprevisible. Todo indica que las bancadas que ayer estuvieron empujando la votación seguirán insistiendo en su propósito.

La suspensión de la sesión de un día para otro responde, principalmente, a tratar de sumar más respaldos.

No obstante, de acuerdo con especialistas consultados, aunque consiguieran los votos suficientes, la decisión sería nula. Así lo estimó el abogado constitucionalista Luciano López.

Lo mismo comentó el ex defensor del Pueblo y abogado Walter Albán. Dijo que aunque se consiguieran 87 votos para elegir a alguno de los candidatos en lista, la acción sería nula. “No habría forma de que asuman. El mismo TC tomaría acción”, refirió.

“Ellos (el Congreso) han pensado que podrían hacer cualquier cosa, que nadie podía frenarlos; sin embargo, un mandato jurisdiccional lo tienen que discutir impugnándolo o apelándolo, pero no quieren ir por la vía regular porque saben que no les queda tiempo suficiente”, apuntó Albán.

Hay que insistir en algo importante: la resolución de la jueza Blácido no discute la potestad constitucional del Congreso de elegir a los miembros del TC. Apunta a la ausencia de transparencia en la motivación de los puntajes asignados a los postulantes. Es decir, no se está poniendo en duda el derecho del Pleno de llevar adelante el proceso de recambio de los magistrados.

Lo único que se pide es hacer las cosas bien.

La clave

Deslinde. “La demanda de la acción de amparo tendrá que seguir su cauce legal con la intervención del procurador público del Congreso. (...) El principio básico de la democracia exige ser respetuosos de las autoridades y de la ley”, señala en un comunicado la bancada del Frepap.

Reacciones

Rolando Campos, congresista Acción Popular

“No estoy de acuerdo en que este Congreso elija (al TC). Soy de los pocos de la bancada AP (que piensa así). Somos dos los que estamos en contra de persistir en hacer un TC cuando estamos de salida”.

Mirtha Vásquez, congresista Frente Amplio

“Se tiene que defender (la labor del Congreso). Pero ¿cómo se defiende? Usando los recursos legales y la ley. El Poder Legislativo no está exento de control. Ese es el equilibrio de poderes”.

Verónika Mendoza, excandidata presidencial

“Nos preocupa que se pretenda desacatar una resolución del Poder Judicial. Creo que eso sería un pésimo precedente que destruiría el equilibrio de poderes tan importante para nuestra democracia”.

Los congresistas operadores del concurso exprés para designar nuevos magistrados del Tribunal Constitucional

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