
El agua potable es el servicio más elemental que un Estado debería garantizar a sus ciudadanos, pues de ella depende la vida antes que cualquier otro proyecto de desarrollo. La noticia que llega de Huánuco describe una ciudad que ha tenido que parar para hacer valer ese derecho fundamental.
El paro de 24 horas convocado en la capital regional ha expresado el rechazo unificado de organizaciones vecinales a la permanencia del Organismo Técnico de Administración del Servicio de Saneamiento. Este ente del gobierno central facultado para intervenir en empresas municipales de agua, hace ya varias semanas, no ha solucionado la falta del líquido elemento en muchas zonas de esa región. Los manifestantes exigen la destitución de los funcionarios responsables y una declaratoria de emergencia del servicio.
En pocas palabras, piden que la administración de la presidenta Keiko Fujimori disponga las capacidades técnicas de su gobierno para solucionar esto más pronto que tarde. Que una ciudad se vea en la necesidad de detener su vida para pedir agua en pleno año 2026 es algo más que tendría que suscitar una discusión de Estado que apunte a reducir este deuda vital.
Los peruanos, desde hace varios años, ha sido testigo que todavía hay quienes se ven obligados a tener que protestar para exigir condiciones básicas para si quiera subsistir. Por un lado, los transportistas públicos y muchos empresarios que demandan seguridad para poder trabajar sin el temor diario a ser asesinados a balazos víctimas de la extorsión y el sicariato en Lima. Y, por otro, compatriotas huanuqueños luchando por que se garantice su derecho a este recurso natural elemental.
La garantía de este acceso requiere de un Estado que trabaja en dotar a las alcaldías de los instrumentos técnicos necesarios para que la ejecución de presupuesto en las prioridades ciudadanas se dé de forma eficaz. Y, por supuesto, del compromiso de las autoridades locales en asumir cargos y asumir el compromiso de administrar los recursos públicos. En el caso del distrito de Huánuco, según el portal Transparencia al cierre de la presente edición, no superaba en 10% de nivel de ejecución presupuestal anual para saneamiento urbano. La falta de agua es su consecuencia.

Ciudadanos de Huánuco acataron paro exigiendo acceso a este derecho fundamental.

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El uso legítimo de la fuerza requiere un marco legal íntegro, y ese es precisamente el que Fuerza Popular y aliados han ido erosionando.

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