Vacunagate: ¿tendrían consecuencias penales las afirmaciones de Astete?

Luego de que la excanciller Elizabeth Astete diera a conocer en sus descargos ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso que el presidente Francisco Sagasti había tenido conocimiento de su vacunación irregular, la investigación ha tomado un nuevo rumbo, porque podría involucrar al jefe de Estado.

Aunque desde la Presidencia y el Consejo de Ministros han emitido comunicados para negar categóricamente las afirmaciones, esto aún no parece quedar del todo claro.

Si la ministra estuviera mintiendo, ya que al presentar su renuncia el 14 de febrero señaló que había cometido un error y no refirió que el mandatario conociera de este acto irregular, según especialistas en lo penal, no acarrearía ningún tipo de sanción penal, pese a que esto podría complicar y dilatar las pesquisas del Congreso por juicio político.

No es delito que el investigado niegue un hecho

Así lo manifestó el abogado penalista Carlos Caro al ser consultado por La República sobre alguna consecuencia que podría generarse en contra de la exministra de Relaciones Exteriores en caso de que sean falsas sus afirmaciones que involucran a Sagasti.

“En materia penal, el investigado no sufre consecuencias si miente. No es delito negar el hecho, si se llega a la conclusión de que la señora ha mentido. Se podrá usar en su contra como un argumento de defensa, nada más, pero no es que le van a imputar un delito directamente”, aseveró.

A su turno, la especialista en derecho penal Liliana Calderón coincidió con lo mencionado anteriormente, e informó que esto se da al estar dentro del “marco de la protección de la presunción de inocencia”. Esto es solo en el caso de un investigado, a diferencia de un testigo, quien tiene la obligación de decir la verdad.

“Esta decisión que va a tomar el Congreso es una decisión política, si la acusa o no constitucionalmente, pero eso tampoco es vinculante para el fiscal, pues, llegado el momento, si se inicia una investigación no está vinculado a las declaraciones que ella haya hecho en el Congreso, porque (la Fiscalía) va a hacer su propia investigación para determinar una sanción”, declaró a este medio.

Si las afirmaciones fueran ciertas, ¿Sagasti podría ser denunciado?

Para determinar si las afirmaciones de Elizabeth Astete son ciertas, tiene que llevarse a cabo una investigación que recoja, en primer lugar, el testimonio del presidente Sagasti, para ser contrastadas con demás elementos como las reuniones mantenidas u otras versiones de testigos.

“Si ha raíz de su versión de los hechos está la contradicción ya puesta y él dice que no sabía y que no ha dado permiso, esta contradicción va a tener que profundizar la Fiscalía. Tendrá que escuchar al señor Javier Sánchez Checa (jefe de Cancillería), a la señora Mazzetti (exministra de Salud). El Congreso va a tener que afinar todo lo que es la prueba periférica: testigos, registro de entrada, salida, para confirmar si hubo la reunión”, apuntó Carlos Caro.

De comprobarse que el presidente estaba al tanto de la inmunización de Astete, indicó que sí podría abrírsele una investigación penal por omisión de funciones.

“El solo hecho de saber y no haberlo reportado a tiempo o denunciado significa que él ha sido partícipe de un hecho de omisión de funciones o incluso omisión de denuncia. No tendría complicidad técnicamente hablando, pero sí omisión de denuncia por el delito de omisión de funciones; por lo menos, eso podría investigarse”, aseguró.

Sagasti no calificaría como “cómplice”

Liliana Calderón consideró que Sagasti no habría cometido algún acto que lo involucre en una investigación penal, dado que si él sabía acerca de la vacunación no tenía la obligación de denunciarlo.

“El solo hecho de callarse algo, de no denunciar, no te hace cómplice del delito. Esa es mi posición. El tipo penal no castiga el que tú te quedes callado. Eso no se puede sancionar penalmente. Responsabilidad política, que el Congreso lo cite, que lo quieran vacar, que le hagan un juicio constitucional es otra cosa”, expresó.

Dijo también que para ser cómplice “tiene que haber un autor del delito”, o que alguien “haya omitido el cumplimiento de una función”, lo cual no ha sido ejecutado por el mandatario.

“En este caso, estrictamente no hay el incumplimiento de una función. Puede haber de parte de ella el aprovechamiento indebido de su cargo, pero eso no implica que él haya hecho algo para que ella cometa el delito. Podría tener alguna consecuencia administrativa, constitucional, política, pero penal no”, aseguró Calderón.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.