Política

Fiscalía encuentra desbalance en cuentas de Fuerza Popular

Amplía investigación. Fiscal considera que aportes por US$ 10,8 millones que Fuerza Popular recibió de empresarios peruanos provienen del fraude o “robo empresarial”.

El equipo fiscal Lava Jato se prepara para la apelación. Tanto si el juez Víctor Zúñiga aprueba la suspensión de Fuerza Popular como si la deniega, todo se decidirá en segunda instancia, en la 2ª Sala Nacional de Apelaciones.

Por este motivo, el fiscal José Domingo Pérez emitió dos disposiciones que refuerzan su hipótesis de investigación sobre el presunto lavado de activos de la candidata presidencial Keiko Fujimori y su partido Fuerza Popular.

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José Domingo Pérez

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En una disposición, amplió la investigación para considerar que los aportes de US$ 3,65 millones y US$ 7,23 millones, que Dionisio Romero del grupo BCP y el fallecido Juan Rassmuss Echecopar, respectivamente, realizaron al fujimorismo, tienen una procedencia ilícita, es decir, son producto de un fraude en la administración de una empresa o “robo de cuello blanco”.

Desbalance

En otra disposición, incorporó los peritajes contables y financieros elaborados por los peritos contables del Ministerio Público sobre los ingresos y gastos de Mark Vito Villanella y Fuerza Popular.

Los peritajes encuentran que Mark Vito presenta un saldo negativo o desbalance de 239.197 soles. Además, que entre los ingresos y egresos de las cuentas del fujimorismo en la campaña del 2011, hay una diferencia de 11,6 millones de soles y que muchos aportes se realizaron a través de depósitos en efectivo de manera fraccionada y 62 personas negaron haber realizado los aportes, lo que evidenciaría el posible “pitufeo” para blanquear el dinero ilícito entregado por Odebrecht.

Fiscalía encuentra desbalance en cuentas de Fuerza Popular

Fiscalía encuentra desbalance en cuentas de Fuerza Popular

Mientras que en la campaña del 2016, la diferencia entre ingresos y gastos fue de 4,8 millones de soles. Por lo que la fiscalía considera un desbalance para ambas campañas, la del 2011 y del 2016, de 15 millones de soles.

La fiscalía admite al perito de parte, contador Milton Zevallos Castañeda, para que realice la evaluación crítica de los peritajes del Ministerio Público.

Bajo sospecha

Un tercer tema que se incluye en esta disposición son los movimientos en el exterior de las empresas de Gonzalo Monteverde, considerado el “doleiro” de Odebrecht, en el Perú. La fiscalía sospecha que a través de las cuentas de las empresas Construmac e Isagon, la constructora Odebrecht movió el dinero de los aportes que entregó a la campaña fujimorista.

De esta manera, la fiscalía pretende establecer que la mayor parte del dinero que Keiko Fujimori y Fuerza Popular recibieron para sus campañas del 2011 y 2016 fueron fondos producto de delitos de corrupción, en el caso Odebrecht, y de “robo empresarial”, en los casos del Grupo BCP y Rassmuss.

Este último punto es clave en el pedido de suspensión de Fuerza Popular, pues el fiscal José Domingo Pérez puso énfasis en que el partido fujimorista podría volver a recibir fondos de origen ilícito en la campaña 2020-2021, como los que recibió del Grupo BCP.

Fuerza Popular

Horas decisivas. El juez Víctor Zúñiga resolvería antes de fin de año la suspensión de Fuerza Popular. Foto: La República

Los peritos no encuentran desbalance en Keiko Fujimori

La abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, declaró que los peritajes no han encontrado un desbalance en la pareja Keiko Fujimori y Mark Vito Villanella, lo que consideró un gran avance en lass investigaciones a favor de su cliente.

Sobre el desbalance encontrado en el patrimonio de Mark Vito señaló que habría una duplicidad en algunas cifras y que, en todo caso, por el monto es fácil de sustentar o explicar.

Todo este tema se discute ad portas de la decisión que debe tomar el juez Víctor Zúñiga sobre el pedido de suspensión de Fuerza Popular. El juez dejó el caso al voto el 30 de noviembre. Dijo que resolvería en un tiempo prudente para responder al pedido de la fiscalía y para que la parte que no esté de acuerdo pueda apelar.

Giuliana Loza

Foto: César Zorrilla/URPI-GLR

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