Política

Christian Salas: el exprocurador anticorrupción que ahora defiende a Fuerza Popular

Salas Beteta representó al Estado por el caso La Centralita en el 2014. Ahora, ejercerá defensa de FP sobre pedido de suspensión por vinculaciones con presuntos actos de corrupción.

La nueva defensa de Fuerza Popular para el caso de suspensión de las actividades políticas del partido por dos años y medio debido a su involucración en el caso Odebrecht, además de la presunta obstaculización mediante coordinaciones y varios proyectos de ley, será el exprocurador anticorrupción Christian Salas Beteta.

Así lo anunció la lideresa de la agrupación política, Keiko Fujimori, a través de sus redes sociales.

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El abogado Christian Salas se incorpora a la defensa legal de Fuerza Popular. Él estará a cargo de la sustentación de nuestra posición contra el arbitrario pedido de suspensión hecho por el Ministerio Público”, publicó la precandidata a la Presidencia.

En el año 2014, Christian Salas dejó de desempeñarse como procurador adjunto especializado en la Procuraduría Anticorrupción, designado mediante una Resolución Suprema en el 2012, para pasar a ser el procurador anticorrupción del Estado peruano, ocupando el cargo de Julio Arbizu.

Al asumir funciones, subió una foto junto a Arbizu y añadió: “En la sala de batalla. No me cansaré de reconocer lo difícil que ha sido esta etapa de mi vida profesional, no sólo para mí, sino para el equipo, para el líder del grupo y, sin duda, para nuestras familias. Vengo aprendiendo mucho, no solo del Derecho, sino de la difícil realidad nacional”.

Hasta el momento, la trayectoria del ahora abogado de Fuerza Popular había sido fructífera y reconocida, al ser un experimentado abogado que daba conferencias en su materia de expertiz, a nivel nacional e internacional.

Hasta su renuncia en noviembre del 2012, Salas dirigía las investigaciones del caso ‘La Centralita, en el que estaba involucrado el empresario Martín Belaunde, el exgobernador de Áncash César Álvarez y otros más por presuntos lobbies con la empresa española Antalsis.

Del mismo modo, solicitó que se inicie una investigación por el resguardo policial a la casa del ex operador montesinista Óscar López Meneses, además de pedir que se levantara el secreto bancario de la excongresista Luciana León, quien fue acusada de desbalance patrimonial.

Otros que fueron investigados por la Procuraduría Anticorrupción cuando él estuvo a cargo, fueron los congresistas nacionalistas Cenaida Uribe, John Reynaga y Agustín Molina, el exprimer ministro René Cornejo, la ex jefa de la Oficina Nacional de Gobierno Interior (Onagi) Dacia Escalante y el ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga.

Por otro lado, desde el 2011 dirige una firma de abogados denominada Salas Beteta, en la que ven casos de derecho procesal, empresarial y administrativo, entre otros.

Fuerza Popular es acusado de organización criminal

El fiscal José Domingo Pérez imputó al partido político Fuerza Popular por el presunto delito de lavado de activos, con el agravante de una organización criminal.

En sus argumentos, el Ministerio Público indica que el grupo político de Keiko Fujimori fue “instrumentalizada” al recibir aportes por parte de Odebrecht en las campañas electorales de 2011 y 2016.

Asimismo, al partido también se le acusa de obstaculizar las investigaciones en su contra, a través del uso de sus vínculos con Pedro Chávarry, César Hinostroza y otros más.

De igual modo, al ser la mayor fuerza política en el Congreso desde el 2016, el fiscal indica que tomaron ventaja de ello para interferir en proyectos de ley acorde a sus beneficios.

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