El Informante: Lluvia de colusiones, por Ricardo Uceda

Desde hace 15 años, Alberto Pascó-Font, un conocido consultor en asuntos económicos, es investigado por colusión. Con un PhD en Economía por la Universidad de Pennsylvania, entre 1999 y 2008 ocupó diversos cargos directivos en ProInversión. En la colusión, un funcionario público obtiene provecho de un tercero en perjuicio del Estado. Sin base probatoria Pascó-Font fue llevado a un juicio del que se libró y va camino a otro que podría tomar varios años más. Si ocurre, igualmente saldrá limpio. Su caso permite reflexionar un poco más sobre el sistema de acusaciones en boga. La historia comenzó el 31 de agosto del 2005, fecha de una carta a la Fiscal de la Nación Nelly Calderón, dirigida por el arquitecto Juan Miguel Guerrero. Expresó dudas sobre el verdadero valor de una obra en la Panamericana Sur, en el tramo Pucusana-Cerro Azul-Ica. La más alarmante: ¿por qué si el precio base era US$ 191 millones, se otorgó por US$ 230? Después se comprobó que la cifra sospechosa incluía el IGV.

En tres páginas Guerrero escribió lo que intuía, como si lo hubiera estado conversando con un amigo. Estaba en su derecho de pedir una investigación. La fiscal Rocío Huamán decidió que no había fundamento para continuar con el proceso. El denunciante insistió y la jueza Marina Saquicuray ordenó el archivo definitivo. Ya corría el año 2009. El procurador Gino Ríos decidió insistir, y obtuvo que el fiscal acusara a los miembros del Comité de Infraestructura de ProInversión, del cual Pascó-Font era un miembro, por coludirse con la empresa ganadora, Hidalgo e Hidalgo. Para Pascó-Font, cuya casa fue embargada, pidió doce años de cárcel. En el juicio oral, sin embargo, Guerrero explicó que su reclamo fue por sobreprecio y no por colusión. En 2016, el fiscal retiró su denuncia y una Sala Penal archivó el expediente.

¿Cómo lo hizo?

En ese proceso, no había un solo elemento para continuarlo luego de una necesaria indagación inicial. Un buen ejercicio es determinar cuánto dinero pierde el Estado en los años que demora descartar denuncias sin sentido. Tengo por referir un caso que lleva más de una década porque un alto funcionario autorizó unos viáticos menores a quinientos soles, acusación sin ninguna base de respaldo, y que continúa porque fiscales y procuradores, “cumpliendo con su deber”, insisten hasta que no es más posible.

La segunda parte de la historia de Pascó-Font llega cuando se conocieron los sobornos a Alejandro Toledo por parte de Odebrecht. Era indispensable que el Ministerio Público decidiera investigar en forma preliminar a quienes decidieron conceder las obras de la coima.

En el 2017 el Ministerio Público formalizó la investigación preparatoria contra Alejandro Toledo y los miembros del Comité de Infraestructura de ProInversión que entregó la concesión de los Tramos 2 y 3 de la Interoceánica, que van del Cusco a la frontera con Brasil. En el comité estaban Pascó-Font con Sergio Bravo y Patrick Barclay, ya fallecido. En esta etapa procesal la Fiscalía debía reunir elementos de cargo que le permitieran formular una acusación. Contra Toledo había indicios inequívocos de varios delitos, no así contra quienes licitaron la obra en ProInversión. ¿Qué pactaron con Odebrecht para que ganara el concurso? ¿Cómo lo hicieron? Ambas referencias son indispensables para imputar colusión a cualquiera.

Indicios en contra

Tres años después, no existe información incriminatoria. Cuando el caso estaba en manos del fiscal Hamilton Castro, este reprochó a los imputados que no tomaran una decisión cuando recibieron observaciones de la Contraloría General de la República. Ellos consultaron al Consejo Directivo de ProInversión, integrado por ministros, que decidió seguir adelante porque, según informes jurídicos, los reparos estaban errados. Sus miembros (Pedro Pablo Kuczynski, Fernando Zavala y otros) también están investigados por colusión, en un expediente aparte.

La abstención de los miembros del comité especializado, arguyó Castro, propició que la máxima instancia de ProInversión decidiera en forma apresurada. Más adelante, el fiscal José Domingo Pérez les atribuyó haber concertado con Odebrecht y causado daño patrimonial al Estado, que son los dos rasgos fundamentales del delito colusorio. No detalló de qué manera ni cuál fue su beneficio. Contra Toledo sí existen precisiones: su acuerdo con Jorge Barata y su pago a través de Josef Maiman.

A dos manos

Lo que se sabe, más bien, es lo contrario. Barata dijo que Odebrecht redujo la coima a Toledo de US$ 35 a US$ 20 millones porque no fue posible influir en las bases del concurso. El soborno se pagó después de la adjudicación y gracias a las adendas del contrato. Maiman negó conocer a los miembros del comité y haber efectuado algún desvío a su favor. Hay evidencia, por otra parte, de que el comité contrarió a Odebrecht al propiciar mayor competencia: amplió los plazos del concurso, rebajó los requisitos, incluso reabrió la precalificación.

Considérese que además se acusa a todos de colusión por favorecer a Camargo Correa con la adjudicación del Tramo 4 de la Interoceánica que va de Puno a Madre de Dios, hacia la frontera, y por la que Toledo recibió US$ 3,9 millones. O sea que tanto los tecnócratas del Comité como los ministros del Consejo habrían cobrado a dos manos, en dos obras y a las dos partes. Parece un poco forzado. Es cierto que la idea de que Toledo haya cobrado sin cómplices puede ser insoportable, pero para denunciar hay que justificar más, sobre todo si se pidieron penas de cárcel y prisión preventiva. El abogado de Pascó-Font estuvo en una diligencia con Barata en Brasil para preguntarle si benefició a su cliente. Dijo que no. La respuesta no figura en la acusación.

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