Continuación del proyecto minero Ariana se dilucida en el Poder Judicial

Ante la demanda de amparo presentada por la excongresista Marisa Glave, CooperAcción e IDL contra el proyecto minero Ariana, por poner en riesgo el servicio de agua potable para diez millones de personas en Lima y Callao, la jueza Rocío del Pilar Rabines Briceño, del Sexto Juzgado Constitucional de la Corte Superior, escuchó por más de tres horas los argumentos de las partes.

Por los demandantes, lo hizo el abogado Juan Carlos Ruiz Molleda, del Instituto de Defensa Legal. En su alocución, señaló que no hay certeza científica sobre los impactos de este emprendimiento minero, por lo que invocó el principio precautorio para que se paralice el proyecto hasta que se tenga claridad suficiente.

Mencionó que hay indicios razonables de una alta probabilidad de daño y una grave afectación de derechos, en razón a que el proyecto Ariana se ejecuta sobre el túnel que trae agua de la cuenca del Mantaro y la cuenca del Rímac. “Literalmente, el túnel está debajo de una relavera”, precisó.

Luego agregó que Sedapal también ha señalado que faltan informes y que no se ha evaluado el impacto del proyecto minero en la infraestructura hidráulica que tiene a cargo.

Asimismo, manifestó que tanto la empresa Ariana, como Sedapal y el Ministerio de Energía y Minas estuvieron de acuerdo en que se realicen estos informes.

“Si Sedapal ha pedido nuevos informes quiere decir que tiene dudas, lo mismo que el Ministerio de Energía y Minas. Nosotros hemos demostrado que no hay certeza científica sobre los impactos y que está en peligro el acceso al agua. Hay posibilidad de filtración de la relavera y afectaría la infraestructura hidráulica que da agua a Lima y Callao”, indicó Ruiz Molleda, quien agregó a su tesis de indicios razonables las sanciones que ha recibido la empresa por malas prácticas.

El abogado solicitó a la jueza Rabines Briceño que se realice un nuevo informe para que haya tranquilidad respecto a los impactos. La magistrada respondió que eso no le corresponde.

Por su parte, el representante de Ariana Operaciones Mineras SAC, el abogado Claudio Cajina, sostuvo que la demanda presentada no responde a preocupaciones técnicas ni tiene sustento legal sólido.

Expresó que la minera ha cumplido con todos los estándares legales necesarios para obtener sus permisos y operar en el futuro. Además, anotó que no existe conexión de sus operaciones con ninguno de los componentes de Sedapal, tampoco con el agua que se provee a Lima. Dijo que sus afirmaciones tienen base en estudios realizados por más de diez años.

Al concluir la audiencia, el vocero de Ariana Operaciones Mineras SAC, Luis Pariona, insistió en que la empresa fundamentó sus aseveraciones en estudios e información técnica mientras que los demandantes lo hicieron por pseudo preocupaciones.

También comentó que el principio precautorio invocado por los demandantes no debería ser utilizado por cualquier inquietud sin sustento técnico porque puede paralizar una actividad productiva sin mayor reparo que el dicho de quien lo expresa.

“En la audiencia del 27 de agosto hemos desenmascarado las intenciones de los demandantes, que es generar un conflicto donde no existe ninguno y obtener un caso más para sus fines ideológicos; esta vez, usando a Lima y la preocupación que todos tenemos por el agua de la capital”, afirmó el vocero de la empresa.

Un día antes, los demandantes dieron a conocer en conferencia de prensa los peligros del proyecto Ariana. El geógrafo de CooperAcción, Deonel Martínez, explicó que dicho proyecto está ubicado en el distrito de Marcapomacocha, provincia juninense de Yauli, donde hay un sistema de regulación hídrica, además de muchas lagunas, cursos de agua superficial y bofedales. Precisó que la planta de beneficio y el depósito de desmontes se encuentran en el corazón del sistema hidráulico Marcapomacocha.

Y la abogada Maritza Quispe, de IDL, rememoró que, en abril del año 2019, unos congresistas presentaron una demanda contra la Dirección General de Asuntos Mineros y a la propia empresa. En esa oportunidad, solicitaron la nulidad de los actos administrativos del Ministerio de Energía y Minas que aprobó el Estudio de Impacto Ambiental para el inicio de la explotación minera, y también autorizó la construcción de la planta de beneficio y relaves.

Quispe sostuvo que el proyecto amenaza los derechos al agua y a un ambiente sano y equilibrado. “Si se pone en peligro estos derechos, lo que sucederá es la vulneración del derecho a la salud”, estimó.

En tanto Marisa Glave, una de las personas que presentó la demanda, indicó que en este conflicto debe darse prioridad al consumo humano del agua y al uso sostenible que debe tener.

La excongresista reiteró que el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Ariana no tiene rigurosidad y tampoco garantiza que no afectará las fuentes de agua.

Son posturas encontradas. La jueza Rocío del Pilar Rabines Briceño, a cargo del Sexto Juzgado Constitucional, deberá emitir sentencia en las próximas semanas. Dará lugar o denegará la demanda de amparo contra el proyecto minero Ariana, el mismo que tiene previsto extraer cobre, zinc, oro y plata en la zona a partir de enero del año 2024.

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