A 35 años de la masacre de Accomarca, la lucha es por la identificación de los restos de las víctimas

Un día como hoy, patrullas militares acabaron con la vida de 69 personas en esta localidad de la provincia de Vilcashuamán, en Ayacucho. En lo que fue el Cuartel Militar se ha construido nichos no solo para las 69 víctimas sino para los 114 asesinados antes y después del genocidio del 14 de agosto de 1985.

Celestino Baldeón, hijo de Tomasa Chuchón, una de las mujeres asesinadas aquel día, lamenta que este año la pandemia del Covid-19 les impida desarrollar actividades en Lima en recuerdo de sus familiares. Pero resalta que el próximo domingo habrá una misa en la Catedral de Lima, oficiada por monseñor Carlos Castillo, y será transmitida por Canal 7.

Señala que no olvidan a sus seres queridos, a los niños, adultos y ancianos que perdieron. Ayer en Accomarca, hicieron una limpieza de lo que fue la Base Militar y donde van a dar cristiana sepultura a sus familiares cuando les entreguen sus restos.

“Tenemos listos 78 nichos pero estamos considerando víctimas no solo a 69 sino a 114, porque la matanza ha sido masiva antes y después del genocidio del 14 de agosto de 1985. Todos los caídos en esa época son 114. Todos ellos van a tener cristiana sepultura ahí”, manifiesta, tras indicar que solo tienen identificados a 24.

Celestino Baldeón recuerda que cuando ocurrió el hecho tenía treinta años y vivía en Lima. Todos sus paisanos se reunieron y denunciaron la masacre ante el Congreso de la República donde el senador Javier Valle Riestra era miembro de la Comisión de Derechos Humanos, pero los apristas no creían, decían que la denuncia era falsa.

“Valle Riestra viajó al lugar en setiembre, entonces mi testigo que era mi tío Víctor Baldeón llamó a la gente y con lampa y pico abrieron la fosa y sacaron los cuerpos todavía frescos. Yo perdí a mi madre Tomasa Chuchón Castillo de 54 años. Mi papá, mis hermanos y sobrinos huyeron y se metieron como perdiz al monte, a la quebrada”, rememora.

También indica que en Ayacucho no pudieron hacer la denuncia porque había mucho miedo. Y en Lima, los accomarquinos que dieron a conocer el asesinato fueron objeto de seguimiento por miembros del Servicio de Inteligencia. Lo mismo pasó con los testigos.

“A ellos teníamos que hacer oscurecer en Vitarte y los hacíamos amanecer en Villa El Salvador. Así los hemos tenido porque no le convenía al Estado. El Estado los mandó a matar. Son cuatro patrullas que han sido preparadas e ingresaron directamente a matar”, sostiene.

Baldeón afirma que los familiares no cesarán en su lucha porque quieren que se sepa qué calidad de presidente y qué calidad de militares tenían los peruanos en esos años.

Afirma que los militares estaban bien preparados y fueron donde el campesino que no tenía armas. También rechaza que dijeran que no hubo masacre sino un enfrentamiento.

“Si hubiera sido así, habría dos o tres bajas y heridos en cualquiera de los bandos, eso no pasó. Mataron como carneros a 69 personas, después hicieron fiesta, pachamanca, bebieron y todas las casas de Accomarca fueron saqueadas por los mismos militares. Eso es injustificable. Mi madre, una víctima que no sabía leer ni escribir, bebés de tres meses de nacido, menores de 7 y ocho años, por qué se ensañaron con ellos. Los mataron y quemaron salvajemente”, dice con la voz quebrada.

Y agrega que el daño que se le hizo a Accomarca fue grande. La mayoría de pobladores quedó sin educación por temor a ser identificados. Lo mismo pasó en Lima donde eran perseguidos y hasta amenazados de muerte como sucedió con él. Cuenta que escapó de la muerte por cinco veces.

Hoy asegura que seguirá luchando por obtener justicia. Reclama que los principales acusados no estén pagando la pena que les impuso el Poder Judicial.

“Nosotros ganamos el juicio, los señores jueces dieron su sentencia y solo tres militares lo están cumpliendo. Pero los generales que aquella vez dieron órdenes para la matanza, esos señores no pagan nada. En qué país estamos, qué justicia tenemos”, protesta Celestino Baldeón.

Al respecto, el abogado Carlos Rivera, quien siguió el caso, dijo que entre ellos está el general EP Wilfredo Mori, entonces comandante general de la Segunda División de Infantería, y el Comandante EP Nelson Gonzáles Soria, jefe del Estado Mayor de la Segunda División en ese momento.

“Ellos son los principales, los que dieron las órdenes. Asistieron disciplinadamente a todas las audiencias menos a la última. No sé si sospecharon o alguien les dijo que iban a ser condenados. Están como no habidos”, informó.

En cuanto a los avances en la identificación de restos, manifestó que el proceso continúa y que están en un trabajo conjunto con el Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público para la identificación.

“En Ayacucho nos han dicho que ahora es posible la identificación porque las técnicas han avanzado significativamente. Ya no es como hace diez años en que se llevó a cabo la exhumación e identificación mediante ADN”, acotó el abogado Carlos Rivera.

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