El indefendible, por Ricardo Uceda

Ahora que el país camina a paso ligero hacia la judicialización de la política, es oportuno referirse al caso del médico Vladimir Cerrón, considerado indefendible por un amplio sector. En 2019 sus antecedentes impidieron que dos corrientes de la izquierda confluyeran en las elecciones parlamentarias. Parte de los motivos fueron expresiones de intolerancia hacia la ciudadanía LGTBI. En una ocasión, en RPP:

Patricia del Río: ¿Qué pasaría si usted encuentra a dos personas del mismo sexo besándose en la plaza de Armas de Junín?

Vladimir Cerrón: Yo creo que deberían tener cierto espacio de situarse, ¿no? ¿Qué pasaría si un niño ve ese acto? El niño es un ser que todo lo aspira en conocimientos, en forma. Podría ver que se trata de una manera ordinaria en la sociedad. Todo lleva un proceso de cambio contra la fuerza de la tradición.

Del Río: ¿Qué se besen en privado?

Cerrón: Por supuesto, podría ser, ¿no?

Los sentenciados

Pero objeciones morales no constituyen impedimento legal para ser un candidato. En ese caso tendría problemas hasta el líder del Partido Morado, Julio Guzmán. La sentencia en contra por un delito doloso, que era el otro motivo por el que los amigos políticos de Cerrón tomaron distancia con él, sí será una barrera cuando, como es previsible, la establezca una próxima modificación constitucional. El exgobernador de Junín y fundador del movimiento Perú Libre tiene una condena por negociación incompatible. El delito ocurre cuando un funcionario público se interesa indebidamente y en su provecho, en un contrato. Para ser castigado debe probarse un daño inminente para la administración estatal.

En esta página hemos venido mostrado decisiones irrazonables en el Poder Judicial referidas a políticos afectados de impopularidad. Algunas sobre medidas cautelares en fase investigativa –Keiko Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski– y otras por falta de prueba en la sentencia, como en el caso de Walter Aduviri. El de Cerrón es otro ejemplo de esto último.

No había faltas

Le imputaron incorrectamente un pago de 850 mil soles a una empresa que en el 2011 amplió el sistema de agua potable y alcantarillado en La Oroya. Por contingencias climáticas, las obras tuvieron mayores gastos por ampliación de plazos, que el contratista reclamó le fueran reconocidos. Como hubo diferencias, la empresa solicitó un arbitraje y finalmente hubo una conciliación extrajudicial, durante la administración del gobernador Vladimiro Huaroc. Cerrón, el sucesor, no hizo más que ejecutarla, basado en los informes técnicos de sus gerentes. De lo contrario habría incumplido su obligación como autoridad, produciendo daño a la economía regional.

La Contraloría produjo un primer informe que halló irregularidades. De este documento partió el Ministerio Público para investigar a diversos funcionarios. A Cerrón lo imputó por haber firmado, el 15 de diciembre del 2011, una carta solicitando la transferencia. Sin embargo, la Contraloría, en un segundo y definitivo informe, halló pertinente el pago y correcta la actuación de los gerentes que participaron en la operación.

En las cortes

Cerrón fue condenado por un juzgado y por una Sala Superior Anticorrupción de Junín. Lo sorprendente es que no había pruebas, salvo que era la máxima autoridad. Cerrón no participó en ningún trato. Cuando la primera sentencia fue revisada, el ponente y presidente del tribunal de apelaciones, Carlos Carvo, dijo que era una violación flagrante del principio de culpabilidad, según el cual debestar acreditada la responsabilidad de un hecho. Quedó en minoría. Los restantes dos vocales le impusieron a Cerrón cuatro años de prisión suspendida.

¿Qué puede explicar una actuación así de la justicia de Junín? Una hipótesis es la presión socialmediática para castigar a autoridades corruptas. Actualmente la Corte Suprema analiza si admite un recurso de casación presentado por el sentenciado. Una casación del preso Aduviri, en su caso sentenciado por el Poder Judicial de Puno, ya fue admitida por el máximo tribunal y está pendiente de decisión. Al margen de los resultados, en las elecciones del 2021 los movimientos de Aduviri y Cerrón serán relevantes desde el sur peruano.

Peor que matar

A nivel de opinión pública, incluyendo a los medios, existe la creencia generalizada de que Vladimir Cerrón es corrupto porque se desconocen los detalles descritos, que no hemos relacionado con sus ideas –el exgobernador se ha solidarizado con Nicolás Maduro– ni sus expresiones. Es un caso distinto al de Gregorio Santos, que tiene pruebas concretas de soborno y por ello fue condenado a 19 años de prisión. El exgobernador izquierdista de Cajamarca está siendo investigado por un segundo acto colusorio. Otra sentencia en contra suya podría tener la dimensión de la primera. Cumpliría 35 años, el tope existente por ley.

No hay que ser jurista para comprobar que el fervor anticorrupción que marea al gobierno, la prensa y los legisladores ha llevado a que se pierdan las proporciones razonables del castigo. Los delitos establecidos en el Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional, para autores de crímenes de lesa humanidad, que incluyen exterminio de un grupo social por motivos de raza, religión o política, entre otras atrocidades, tienen un máximo de 30 años de cárcel. Hay cadena perpetua para jefes, que puede ser revisada a los 25 años.

Pasados de vueltas

Aquí se nos pasó la mano y ningún dirigente lo advierte, sobre todo los juristas anticorrupción, que nadan con la corriente. La justicia de encuestas consolidará un nuevo poder: el de los jueces y fiscales de primera instancia, futuros dueños del escrutinio de la política. Ellos decidirán quién puede ser candidato. El clima imperante no permite ver que hay una afectación del derecho de elegir y ser elegido, mientras alguien sea inocente, derecho que en algún momento restablecerá la justicia supranacional.

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