Defensoría: “Proyecto aprobado por el Congreso presenta insalvables vicios de inconstitucionalidad”
Walter Gutiérrez, titular de la Defensoría del Pueblo, remitió una carta al presidente del Congreso, Manuel Merino, para mostrarle su preocupación por el dictamen de reforma constitucional.
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Walter Gutiérrez, titular de la Defensoría del Pueblo, remitió una carta al presidente del Congreso, Manuel Merino, para mostrarle su preocupación por la reciente aprobación del dictamen de reforma constitucional que modifica 5 artículos de la Constitución.
El órgano constitucional pide al Legislativo evaluar la iniciativa votada, pues de ser aprobada en segunda legislatura el proyecto de reforma constitucional, sostiene, será “inexorablemente declarado inconstitucional con la consecuente debilidad institucional”.
El último domingo 5, en una sesión extraordinaria, el Pleno del Congreso aprobó por mayoría la iniciativa que plantea, entre otros, eliminar el antejuicio a ministros de Estado y suprime las garantías de los magistrados del Tribunal Constitucional y Defensoría del Pueblo.
Ante ello, este martes 7, el defensor Walter Gutiérrez expresó que dicho dictamen “presenta insalvables vicios de inconstitucionalidad formales y materiales”.
Asimismo, hace hincapié que el proyecto de reforma constitucional fue aprobado sin ningún debate previo en la Comisión de Constitución.
“Al respecto, el Tribunal Constitucional ha señalado que respetar las formalidades resulta esencial para la validez de la reforma constitucional, por lo que no cabe hablar de ella sin el estricto cumplimiento de las reglas para la aprobación de proyectos de ley contenidas en el artículo 105 de la Constitución”, indica la misiva enviada al titular de la Mesa Directiva.
El dictamen que reformula cinco artículos de la Constitución deberá ser ratificada en una segunda votación o retroceder y no llegar a los 87 votos.
Ante ello, la Defensoría advierte que al cambiar 5 disposiciones constitucionales, que comprometen el funcionamiento de las principales instituciones del Estado, debió ser sometida a un análisis en las comisiones parlamentarias.
“Esto último hubiese garantizado la participación de la sociedad civil e instituciones públicas en tales espacios, permitiendo así, luego contar con un amplio debate en el Pleno del Congreso”, asevera la carta enviada por Gutiérrez Camacho.
Otro punto que indica “preocupante” es la incompatibilidad de la norma con la esencia de las funciones de la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Constitucional, “pues elimina las garantías previstas en la Constitución para asegurar su independencia y permitir el adecuado desarrollo de sus labores”.
“La Defensoría del Pueblo, conforme a la Constitución, es reconocida como una garantía institucional para la protección de los derechos fundamentales de las personas. (...) De ahí la importancia de mantener las garantías constitucionales que aseguren el ejercicio de estas funciones”, acota el documento.
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