Congresistas se aferran a la inmunidad y desmantelan el sistema democrático

“Lo que han aprobado es un caballo de Troya”. Esta expresión del expresidente del Tribunal Constitucional (TC) César Landa resume, en parte, lo que hizo el Congreso de la República, la noche del domingo último, al aprobar en forma ‘express’ modificaciones de cinco artículos de la Constitución, bajo el cuento de la eliminación total de la inmunidad parlamentaria.

Eso es falso. En realidad, no hubo una eliminación total de la inmunidad para el caso de los congresistas. Ocurrió lo contrario y César Landa lo precisa en una frase: “Se han blindado con la inmunidad parlamentaria”.

La opinión es compartida por el también expresidente del TC Óscar Urviola. Ambos coinciden en que los congresistas no solo mantienen su inmunidad, sino que han incurrido en hechos que revisten de muchísima gravedad: están desmantelando el sistema democrático.

Esto, debido a que, en forma paralela, sin debate y sin una mínima reflexión, mutilaron prerrogativas fundamentales en instituciones autónomas como el Tribunal Constitucional y la Defensoría. Súmese a ello el debilitamiento del Poder Ejecutivo, con lo cual se quiebra el principio constitucional del balance de poderes.

Inmunidad vigente

Parte de la responsabilidad recae directamente en el presidente de la Comisión de Constitución, Omar Chehade, quien llegó al Parlamento con el partido Alianza para el Progreso.

El 30 de junio, la Comisión de Constitución había aprobado un dictamen que anulaba la inmunidad parlamentaria, dejando el siguiente texto: “(los congresistas) no son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno, por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones”.

Sin embargo, durante el pleno del viernes último, Chehade advirtió que su dictamen no iba a tener el respaldo para alcanzar los 87 votos que requiere una reforma constitucional.

Fue por ello que pidió un cuarto intermedio que se prolongó hasta la madrugada del sábado siguiente. A las 4:50 a.m., Chehade apareció con una propuesta distinta.

El nuevo texto agregaba que los congresistas mantenían su inmunidad por sus opiniones y votos, pero también por “otras (actividades) inherentes a la labor parlamentaria”.

Aun con esta grosera concesión, como se recuerda, el dictamen solo tuvo 82 votos.

Sobre la marcha, el domingo, el procurador anticorrupción Amado Enco advirtió, en diálogo con La República, que el nuevo texto, por ser una fórmula abierta, al consignar “otras actividades inherentes a la labor parlamentaria”, lejos de eliminar la inmunidad, la mantenía.

“Creo que, en el fondo, se tiene la intención de dificultar o seguir manteniendo la impunidad frente a posibles delitos de corrupción de algunos congresistas”, alertó, citando como ejemplo el delito de tráfico de influencias, en el que podrían incurrir los actuales congresistas.

A pesar de las alertas, el domingo, pasada las nueve de la noche, el Congreso aprobó la reforma, con 110 votos, manteniendo la inmunidad.

Con lo aprobado, según Óscar Urviola, los congresistas extienden la inmunidad para actos de representación y otras funciones. “Ahí se están tratando de blindar”, apunta.

La abogada constitucionalista Beatriz Ramírez cita como ejemplo el caso del exparlamentario fujimorista Héctor Becerril, quien intentó interferir en las elecciones internas del ex Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

El hecho pasó a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, donde finalmente Becerril logró ser blindado.

Otro caso que expone el procurador Amado Enco tiene que ver con los llamados ‘Avengers’ del anterior Congreso. Como se recuerda, los excongresistas del entorno de Kenji Fujimori usaron su cargo para coordinar favores con el Ejecutivo, a cambio de votar en contra de la vacancia de Kuczynski.

También Luciana León usó su cargo para realizar coordinaciones como parte de la organización ‘Los Intocables Ediles’, pero quiso argumentar que solo había efectuado gestiones como parte de sus funciones parlamentarias.

En buena cuenta, hechos que pueden configurar como delito de tráfico de influencias u otros delitos contra la administración pública, según apunta el procurador Enco, seguirán siendo blindados por este Congreso.

Sin balance de poderes

Pero lejos de asegurar su inmunidad, los congresistas fueron más allá y desmantelaron elementos fundamentales de instituciones autónomas para el sistema democrático, como son el Poder Ejecutivo, el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo.

“(El Congreso) está afectando la actividad del Poder Ejecutivo y de otros organismos autónomos, como el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo, y esto sí es grave. Elevo mi preocupación y mi protesta”, apunta Urviola.

Por un lado, al establecer que el presidente puede ser procesado por delitos contra la administración pública, según subraya, están impidiendo que el mandatario pueda dedicarse de manera exclusiva a la atención de la cosa pública, más ahora que estamos en emergencia.

Advierte que el presidente ahora tendría que distraerse en atender temas judiciales.

Para César Landa, las denuncias pueden generar “una situación de incertidumbre para luego invocar incapacidad moral e ir por la vacancia”.

Otro aspecto grave de lo aprobado por el Congreso es que le quitaron libertad al órgano del Tribunal Constitucional.

“Al TC lo están amarrando de pies y manos, porque no solamente le están quitando la inmunidad, sino también le han quitado lo que es algo consustancial a su función, que es la inviolabilidad de opinión y de voto”, subraya Urviola. Y lo mismo ocurrió para el caso del defensor del Pueblo.

César Landa enfatiza que cualquier reforma constitucional que pueda aprobar el Congreso tiene límites. “Uno de los límites de la reforma constitucional es el principio de separación de poderes”, advierte.

En su opinión, lo ocurrido da pie a una demanda de inconstitucionalidad.

Lo mismo plantea el constitucionalista Óscar Urviola y subraya: “El Congreso está desarmando el sistema democrático. Es bárbaro lo que está pasando. Y no se dan cuenta”.

Datos

Los votos. La reforma sobre la falsa eliminación de la inmunidad parlamentaria tuvo los votos en unanimidad de las bancadas Acción Popular, Alianza para el Progreso, Unión por el Perú, Somos Perú, Frepap y Podemos Perú.

Divididos. En cambio, en el Partido Morado la mayoría votó en contra (7 votos y solo 2 a favor). En el Frente Amplio y Fuerza Popular la mayoría de sus miembros votaron a favor.

Demanda ante el Tribunal Constitucional

Tras la aprobación, sin debate, de la reforma de cinco artículos de la Constitución, el Congreso ahora tiene dos opciones: ratificarlo en una segunda votación o retroceder y no llegar a los 87 votos.

Si el Congreso insiste, según Óscar Urviola y César Landa, se abre el camino de una demanda de inconstitucionalidad.

"Ya se ha establecido que incluso las leyes de reforma constitucional pueden ser revisadas por el TC", apunta Urviola.

Landa precisa que esa demanda puede ser tramitada por el Ejecutivo, el defensor del Pueblo, los colegios profesionales e incluso la ciudadanía, con 5 mil firmas.

Agrega que el TC puede restablecer el equilibrio de poderes. “El artículo 43 de la Constitución establece que el Perú se organiza según el principio de separación de poderes”, recalcó.

Declaraciones

Amado Enco. Proc. Anticorrupción

“(Con la reforma aprobada), creo que, en el fondo, se tiene la intención de dificultar o seguir manteniendo la impunidad frente a posibles delitos de corrupción de algunos congresistas”.

Óscar Urviola. Expresidente del TC

“Están afectando la actividad del Ejecutivo y de otros organismos autónomos, como el Tribunal Constitucional y la Defensoría. Están desarmando el sistema democrático. Es muy grave”.

César Landa. Expresidente del TC

“Se abre la anarquía constitucional en las relaciones entre el Parlamento y el Ejecutivo, en detrimento de la gobernabilidad, la estabilidad y la seguridad jurídica. Es un peligro para la democracia”.

Beatriz Ramírez. Constitucionalista

“En la práctica, los congresistas no pueden ser procesados ya no solo por sus votos u opiniones, sino también por otras acciones de representación y cualquier acción, porque el texto no lo define bien”.

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