Relatores de la ONU expresan preocupación por riesgos para el ambiente y derechos humanos en el pedido de facultades
Nueve relatores especiales cuestionaron que el silencio automático en permisos ambientales, el rol de los militares en las protestas y el rastreo de celulares afecten a comunidades indígenas, campesinas y a la ciudadanía.
La República en GoogleNueve relatores especiales de la ONU expresaron su preocupación al Gobierno peruano por los riesgos que el pedido de facultades del Ejecutivo podría causar al ambiente y a los derechos de la población. Según el documento la iniciativa "podría tener un serio impacto en los derechos humanos". Los expertos advirtieron que los pueblos indígenas, las comunidades campesinas y las poblaciones rurales serían los más expuestos.
La carta la firmaron Astrid Puentes Riaño (ambiente sano), Elisa Morgera (cambio climático), Sofía Monsalve Suárez (alimentación) y Leopoldo Maldonado Gutiérrez (libertad de opinión y expresión). También la suscribieron Gina Romero (reunión pacífica y asociación), Andrea Bolaños Vargas (defensores de derechos humanos), Albert K. Barume (pueblos indígenas), Bethanie Margaret Carney Almroth (sustancias y desechos peligrosos) y Pedro Arrojo-Agudo (agua potable y saneamiento).
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Ninguno rechazó la idea de acelerar los trámites. Dijeron que la eficiencia y la simplificación son "objetivos legítimos de política pública". Pero pidieron que los cambios se hagan "sin que ello afecte negativamente los derechos humanos".
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El documento planteó siete preguntas al Gobierno. Los relatores pidieron conocer qué estudios se hicieron antes de preparar el proyecto y cómo se protegerá la consulta a las comunidades. También preguntaron cómo se evitará que la norma frene el trabajo de la sociedad civil y de los defensores de derechos humanos.
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Permisos ambientales automáticos, militares en protestas y rastreo de celulares: lo que la ONU cuestiona del pedido de facultades
Uno de los puntos más criticados es el silencio administrativo positivo en las certificaciones ambientales (artículo 2.e.13 del proyecto). Se trata de la aprobación que un proyecto necesita para comprobar que se evaluó su efecto en el ambiente antes de empezar. Es decir, si la autoridad no responde dentro del plazo, la solicitud se da por aprobada. Los relatores explicaron que un proyecto con gran impacto podría recibir luz verde sin que nadie revise si prevé medidas contra el daño ambiental. Señalaron además que los vecinos afectados podrían no enterarse de la aprobación ni tener cómo impugnarla.
El proyecto también toca el régimen de bosques y fauna silvestre (artículo 2.e.2.iii). Según la carta, podría dar prioridad a los bosques de producción y a las concesiones forestales sobre otros derechos, sin precisar hasta dónde llega esa prioridad. Los relatores advirtieron que esto podría afectar el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados antes de una decisión que los involucre. Mencionaron además posibles cambios en las normas de agua, minería, hidrocarburos, pesca y áreas naturales protegidas, donde temen que los controles se aflojen. Recordaron también que el Estado debe reforzar a sus entidades ambientales, no debilitarlas.
Otra parte del texto trata del uso de la fuerza. El artículo 2.a.10 modificaría el decreto legislativo 1095, que fija las reglas para que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía Nacional. Los relatores recordaron las muertes de manifestantes en protestas anteriores y un informe de la ONU que registró el lanzamiento de proyectiles con agentes químicos desde helicópteros. Citaron al Comité de Derechos Humanos, que sostuvo que "no se debería utilizar a militares para vigilar las reuniones". También cuestionaron los artículos sobre rastreo y geolocalización de celulares, que podrían inhibir a quienes quieren reunirse sin ser vigilados.
El artículo 2.a.11 propone crear el marco legal para declarar terroristas a las organizaciones criminales. Los relatores advirtieron que una definición amplia o poco clara podría usarse para "estigmatizar la acción colectiva y el disenso". Mostraron inquietud, además, por el artículo 2.g.6, que fortalecería la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI). Sin controles estrictos, dijeron, esa entidad podría dar seguimiento a dirigentes sociales y sindicales, organizaciones no gubernamentales e incluso a la prensa.
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Con estas observaciones, los expertos de la ONU pidieron al Gobierno responder siete puntos:
- Cualquier información o comentario adicional sobre lo denunciado en la carta.
- Qué objetivos buscan las reformas y cómo se evaluó que cumplan con las obligaciones del Perú en derechos humanos y protección del ambiente.
- Qué estudios técnicos, legales, ambientales y de derechos humanos se hicieron antes de redactar el proyecto. Incluye su posible efecto sobre la biodiversidad, los ecosistemas, los pueblos indígenas, las comunidades campesinas y otros grupos en situación de riesgo.
- Cómo se asegurará que el silencio positivo no reemplace evaluaciones ambientales rigurosas, independientes y basadas en evidencia científica, ni debilite el principio de precaución.
- Cómo se garantizarán el acceso a la información, la participación ciudadana, el acceso a la justicia y la consulta previa antes de aprobar proyectos con impacto ambiental.
- Qué salvaguardas evitarán que la redacción amplia de la facultad del artículo 2 frene el trabajo legítimo de la sociedad civil y de los defensores de derechos humanos.
- Cómo se evitará que las medidas del proyecto sumen daños a las libertades de reunión y asociación, y a los derechos a la participación y la privacidad.
Gobierno dijo a la ONU que no hay afectación "en esta etapa" y no respondió sus preguntas concretas
El Gobierno respondió a la ONU el 17 de septiembre, dos días después de la carta de los relatores. Lo hizo con una nota de la Representación Permanente del Perú en Ginebra, dirigida a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.
El Estado sostuvo que las preocupaciones de los expertos son prematuras. Explicó que la iniciativa todavía no es ley y que su contenido final dependerá del debate parlamentario. Según el documento, los riesgos advertidos dependen de contenidos "aún no definidos" y no permiten afirmar "la existencia de alguna afectación" en esta etapa. Agregó que la Constitución obliga al Congreso a fijar las materias y el plazo de cualquier delegación.
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La nota describió el trámite en tres fases. La primera es la actual: las comisiones de la Cámara de Diputados deben emitir un dictamen, que puede recomendar aprobar el proyecto, con o sin cambios, archivarlo o inhibirse. Luego lo verá el Pleno de Diputados y, si lo aprueba, pasará al Senado. La ley solo se promulgará si el Congreso lo aprueba. En la segunda fase, el Ejecutivo podría dictar decretos legislativos dentro de los límites de esa ley. En la tercera, el Congreso los fiscalizaría y sería posible acudir al Tribunal Constitucional.
La respuesta no abordó una por una las siete preguntas de los relatores. No mencionó el silencio administrativo positivo, el uso de militares en protestas, el rastreo de celulares ni la calificación de organizaciones criminales como terroristas. Tampoco precisó si se hicieron estudios ambientales o de derechos humanos antes de redactar el proyecto. El Estado cerró el documento con una reafirmación de su compromiso con los derechos humanos y de su disposición al diálogo con los mecanismos internacionales.
