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Política

Farid Kahhat: “La Ley General de Salud permite al Gobierno disponer de los recursos públicos y privados”

Entrevista al internacionalista, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Texas y profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Postura. Las economías capitalistas también regulan tarifas y mercados, según Kahhat.
Postura. Las economías capitalistas también regulan tarifas y mercados, según Kahhat.

Para el internacionalista Farid Kahhat, la intervención de los gobiernos de Irlanda, España y Chile en el sector privado de salud, frente a esta pandemia, con el fin de incrementar la oferta hospitalaria, no es autoritario, sino propio de los sistemas democráticos. ¿Y por qué no sucede en Perú? En esta entrevista nos da su punto de vista, en medio de la controversia entre el Ejecutivo y las clínicas por las tarifas sociales de atención.

¿Qué opina sobre el anuncio del presidente Martín Vizcarra, sobre la posibilidad de intervenir las clínicas si no llegan a un acuerdo por la tarifa social de atención por COVID-19?

Va en la línea de lo dicho sobre Chile. Ahí el Gobierno llegó a un acuerdo con las clínicas con una tarifa social. En Perú creo que la Ley General de Salud permite al Gobierno disponer de los recursos públicos y privados de salud en los lugares afectados, en casos de pandemia.

Los que se oponen al anuncio califican de autoritario y oportunista al mandatario.

Pero es lo que han hecho Chile e Irlanda (negociar o intervenir), dos gobiernos de derecha. Hay que tener en cuenta que estamos en una pandemia. No son circunstancias normales. En circunstancias así, las democracias contemplan medidas extraordinarias. Las clínicas no se volverán públicas. Básicamente, el Gobierno tendría un grado de control de las clínicas y hospitales mientras dure la emergencia. Lo ideal sería llegar a un acuerdo por la tarifa social.

¿Por qué estos hechos son mirados con alarmismo en nuestro país por liberales y conservadores?

Es por tres razones: 1) Las experiencias de los gobiernos de Velasco Alvarado y Alan García. La clase alta pensaba que el Estado era el garante de sus intereses y derechos de propiedad, y sobre todo las fuerzas armadas, quienes impidieron al Apra llegar al poder. De pronto, esas mismas fuerzas armadas llevan proyectos que fueron percibidos como amenazantes: la reforma agraria, la propiedad social y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, 2) Sendero. Muchos comenzaron a asociarla con la izquierda. 3) El factor regional: en América Latina, a inicios del siglo XXI, la izquierda gana elecciones. Se convierte en la primera fuerza.

Y esos estereotipos heredados se reflejan en esta crisis.

Mi punto es que algunas medidas que son perfectamente lícitas en economías capitalistas, en Perú son vistas como chavismo. No hay un debate de ideas.

¿No cree que sectores como la Confiep sobreponen el derecho del libre mercado por otros que también son fundamentales, como la salud?

Diría dos cosas: tienen que reaccionar así ante cualquier medida por los tres factores que te mencioné. Se amparan en el capítulo económico. Y se lo están poniendo en bandeja a la izquierda. Si no podemos hacer otras medidas económicas como las economías capitalistas de Irlanda, Alemania y Chile, o no podemos tener un sistema universal público y gratuito de salud como Costa Rica o Uruguay, por el capítulo económico de nuestra Constitución, entonces ellos alimentan a que un sector de la población pida cambiar eso.

El argumento contrario a ello es que no es posible regular el mercado y sus precios.

En la Constitución también hay situaciones contempladas. En Perú estamos en estado de emergencia, por eso hay toque de queda y se suspendió el libre tránsito. El hecho es que se hagan estas medidas con división de poderes y con libertad de prensa para que el Gobierno no abuse. En situaciones excepcionales se autorizan medidas excepcionales, eso no tiene nada de autoritario.

El expresidente de la Confiep Roque Benavides dice que el gabinete ministerial es antiempresa. Usted lo refutó en una publicación de Facebook. ¿Por qué piensa lo contrario?

Están los préstamos de Reactiva Perú, la suspensión perfecta. No sé en qué mundo alterno viven. Se puede decir que tenemos un Gobierno tan incapaz como los que tuvimos antes, sustentado en un Estado disfuncional. Pero cuando el Gobierno peruano haga algo similar (a las acciones tomadas por Irlanda o Alemania) ahí recién acúsenlo de antiempresa. El Gobierno hizo todo lo que pedía el sector empresarial.

Pero, por otro lado, el Gobierno planteó en su momento el impuesto a la riqueza.

El Gobierno lanza esta propuesta, pero la Confiep y algunos medios, menos La República, pusieron el grito en el cielo. Y el tema desapareció. No tuvimos ese debate. Es un tipo de impuesto que existe en economías capitalistas. Lo que nadie recuerda es que en Estados Unidos, durante la Segunda Guerra Mundial, el impuesto marginal estuvo en 90 %. Los impuestos a la riqueza llegaron a 70 %. Y estamos hablando de Estados Unidos, la meca del capitalismo.

¿Cree que después de esta pandemia habrá nuevos conflictos sociales en América Latina?

La pandemia aumenta la conflictividad social, porque el distanciamiento es una forma de conflicto. En Perú la gente sale a trabajar como protesta. En otros países protestarán porque pasada la pandemia disminuyen los recursos del Estado. Y te puedo sumar a Brasil, donde el manejo fue malo.

La OMS señala que América Latina es el nuevo epicentro de la pandemia de COVID-19.

Somos el epicentro, pero Costa Rica y Uruguay juntos tienen menos de 50 muertos. Tienen un sistema público universal y gratuito de salud. Aquí no solo buena parte de la salud no es pública, sino que está dividida en varias entidades que no coordinan entre sí. Un sistema unificado es mejor. Además, hemos tenido gobiernos de derecha o izquierda que hicieron la política del avestruz frente a la pandemia. Como Donald Trump cuando dice que la forma de no tener tantos muertos es no hacer pruebas.

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Bachiller en Ciencias de la Comunicación y egresado de la Maestría de Periodismo y Comunicación Multimedia. Siete años como cronista parlamentario.