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Política

Ley de taxi colectivo acelera fricción entre el Ejecutivo y Congreso

Coyuntura. Desde el sector Transportes advierten mayores problemas en regiones, con la posible formalización de los autos colectivos. También cuestionan que no hayan tomado en cuenta el mayor riesgo de contagio que podría generar esta decisión.

Ley de taxi colectivo acelera fricción entre el Ejecutivo y Congreso
Ley de taxi colectivo acelera fricción entre el Ejecutivo y Congreso

La autógrafa de ley que formaliza el taxi colectivo ha generado un nuevo enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Congreso, debido a que esta norma, según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), va contra la reforma que busca que el parque automotor público sea con buses integrados.

Asimismo, al permitir la circulación de los taxis colectivos, se incrementará el riesgo de contagio de la COVID-19, debido a que no se ha regulado la distancia social de los pasajeros al interior de los vehículos.

Los riesgos son alertados por Fernando Cerna Chorres, director general de la Dirección General de Políticas y Regulación en Transporte Multimodal del MTC, y Martín Ojeda, gerente del Consejo Nacional de Transporte Terrestre (CNTT).

Cerna consideró que la norma aprobada por el Congreso es un duro golpe a las reformas de transporte y recordó que desde el 2009 está prohibido el tipo de servicio colectivo, pues el Estado promueve la política de apoyar la macrotransportación y el uso de vehículos de mayor tamaño para más seguridad.

Sostuvo que el Ejecutivo observará la norma y buscará una ventana de diálogo para discutir técnicamente en el Congreso, a fin de llegar a una solución.

Añadió que la ley actual ya permite que donde no hay oferta de M3 (buses) se pueda trasladar en los M2 (combis). “La ley ya lo permite, pero el Congreso pretende dar acceso a rutas largas a los vehículos de menor tamaño”, alertó.

Para Ojeda es una norma populista que no tiene sentido, pues las rutas que les han dado a los taxis colectivos ya tienen servicio con vehículos M3 (buses).

Consideró que se pretende formalizar la informalidad con una norma que favorecerá a 30 mil personas, pero afectará a más de 700 mil familias. Advirtió que en las regiones hay disconformidad y ya se evalúa acciones de protesta.

Confrontación

Por su parte, Gustavo Guerra García calificó a esta norma como una barbaridad, porque en provincias el taxi colectivo compite deslealmente con el taxi formal y con el sistema de transporte público; y, mientras en todas las ciudades están haciendo el esfuerzo de reemplazar la flota de combis por buses, es un contrasentido permitir autos. “En lugar de ir de una combi a un bus, estamos yendo de una combi a un auto”, apuntó.

Añadió que lo que busca el Congreso es tremendamente ineficiente, pues una combi con un conductor lleva en promedio entre 15 y 20 personas, mientras que un auto colectivo solo lleva a 4 pasajeros.

Apuntó que el taxi colectivo es muy riesgoso porque hace una ruta larga con un vehículo de 4 pasajeros. Más aún si se toma en cuenta que un bus necesita 2 conductores, y en un taxi colectivo solo hay un chofer que va a manejar 10 o 12 horas.

“Todos los esfuerzos por modernizar la flota se van a echar al agua. No hay ningún especialista en transporte que respalde esa norma”, añadió.

El congresista Gino Costa, del Partido Morado, a título personal, se mostró en contra de esa norma y subrayó que habrá un foco infeccioso permanente con este sistema de los autos colectivos. En su opinión, la decisión del Congreso al aprobar este texto genera “un conflicto innecesario” con el Poder Ejecutivo.

Datos

Proceso. El texto que formaliza los autos colectivos fue aprobado en el Congreso el jueves 14 de mayo. Según se conoció, la autógrafa aún no fue remitida a Palacio.

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Estudió periodismo en la USMP. Inicié mi labor periodística a los 21 años, por lo que tengo 32 años en el ejercicio del periodismo, pasando de la máquina de escribir a las computadoras. Fundador de diarios, revistas y semanarios, haciendo cobertura en policiales, judiciales, política y deportes. Ahora, es redactor de política en La República.