Susana Villarán: evalúan este martes apelación para el cese de prisión preventiva
Defensa legal de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, reitera su pedido judicial debido a la propagación del nuevo coronavirus (COVID-19).
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La Primera Sala Penal de Apelaciones Especializada en Delitos de Corrupción evaluará este martes (11.00 a. m.) el recurso de apelación para el cese de prisión preventiva que solicitó la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, por la propagación del nuevo coronavirus (COVID-19).
Los magistrados que integran la referida Sala informaron que si la exalcaldesa desea intervenir en la audiencia debía comunicarlo con 24 horas de anticipación, para que se realicen las coordinaciones para su inclusión mediante videoconferencia.
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Este pedido se revisará luego que, el pasado 20 de abril, el juez Jorge Chávez Tamariz, titular del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria declaró infundado en primera instancia este intento de la exburgomaestre por salir en libertad.
Durante la audiencia con el mencionado magistrado, Raúl Pariona Arana, abogado de Susana Villarán, sostuvo que su patrocinada debe ser excarcelada debido al lupus e hipertensión, enfermedades que sufre, que, sumadas a sus 70 años de edad, la convierten en una persona vulnerable o con mayor riesgo de contraer la COVID-19 dentro del penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, centro penitenciario en el que cumple 24 meses de prisión preventiva desde mayo del año pasado.
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"Mi patrocinada padece de enfermedades graves, y dado el contexto actual de la COVID-19 que genera un riesgo latente a todas las personas y más a las que están en prisión”, expresó el letrado, quien agregó que, en el caso de Villarán ya no hay peligro procesa, riesgo de fuga ni de obstaculización de la justicia.
En su resolución, Jorge Chávez indicó al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) que se adopten las medidas necesarias para que se garantice la salud de la exburgomestre.
Cabe mencionar que la exalcaldesa es investigada por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos, asociación ilícita y otros.
El Ministerio Público le imputa el haber recibido presuntamente dinero de las constructoras brasileñas OAS y Odebrecht por más de 10 millones de dólares para financiar sus campañas electorales de la revocatoria y de reelección municipal.
