Vega defiende elección de Alarcón en Fiscalización: “Considero que hay presunción de inocencia”

La designación de Edgar Alarcón en la presidencia de la Comisión de Fiscalización fue cuestionada por algunos parlamentarios debido a los cuestionamientos éticos en su contra, por haber sido destituido del cargo de contralor general de la República y por las investigaciones fiscales en su contra.

No obstante, para José Vega, vocero de la bancada Unión Por el Perú, que también integra el excontralor, su condición no es ningún impedimento asegurando que todo parlamentario tiene el derecho a liderar un grupo parlamentario.

Además, resaltó que las denuncias que Edgar Alarcón tiene son desde hace más de 2 años y que actualmente no tiene nuevas acciones ni sentencia. No obstante, la última investigación en su contra fue este año respecto a presuntas compras irregulares de la caja chica de la institución supervisora cuando él era gerente central de operaciones.

“Es importante precisar que todos los parlamentarios tenemos los mismos derechos de participar y presidir una comisión. Él tiene procesos de hace dos años de investigación que hasta hoy ninguna de ellas ya tiene acción de denuncia ni proceso de sentencia y considero que hay también presunción de inocencia”, declaró José Vega en enlace con RPP.

El también congresista resaltó que Alarcón “no tiene sospecha de robo”, pese a que es investigado por presunto enriquecimiento ilícito, uso de dinero del Estado para beneficio personal, lavado de activos, entre otros.

“Nosotros perseguimos el acto de corrupción como los presidentes corruptos que se han llevado millones de soles y que hasta hoy ninguno ha sido sentenciado. El señor Alarcón no tiene sentencias por robo ni tiene sospecha que se haya levantado millones de soles en el país”, indicó.

Respecto a la situación de Antauro Humala, José Vega señaló que ellos piden su excarcelación, pese a estar sentenciado, porque el caso no fue por corrupción sino por una rebelión que ocasionó muertes.

Por otro lado, José Vega saludó la iniciativa del Poder Ejecutivo, que todavía se encuentra en proceso, sobre imponer un “impuesto solidario” a los ciudadanos que tengan mayores ingresos, para apoyar a los que meno tienen y se han visto más afectados durante el estado de emergencia por el coronavirus en el Perú.