Pronunciamiento de ONU sobre ley de protección policial es exagerado, según Walter Martos
Luego de que la ONU considere que la ley “abre espacios a la impunidad”, el ministro de Defensa señaló que se trabaja “con estricto respeto al marco legal”.
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Tras el pronunciamiento de la Oficina de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos en América del Sur, que señaló que el gobierno peruano debe revisar la ley de protección policial por considerar que “abre espacios para la impunidad”, el ministro de Defensa, Walter Martos, afirmó que esta postura es “exagerada”.
Martos aseguró que la disposición que se le ha dado a la Policía Nacional del Perú y a las Fuerzas Armadas es que, durante la vigilancia del estado de emergencia en el país debido a la pandemia del coronavirus, estos actúen respetando el marco legal.
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“Yo creo que esta exagerando en esta manifestación porque nuestras Fuerzas Armadas están trabajando dentro del marco legal y las directivas que han recibido tanto la policía como la Fuerza Armada es que actúe con estricto orden al marco legal como corresponde, basándose en la dignidad y el respeto a la persona”, señaló el titular de Defensa en conversación con RPP.
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En la mañana del último martes, a través de un comunicado, Jan Jarab, representante en América del Sur de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, justificó la posición de la organización argumentando que la ley “contiene disposiciones que no se alinean con los estándares internacionales en materia de uso de la fuerza, los que deben regir toda actuación de las fuerzas de orden y seguridad”.
Asimismo, hizo un llamado al Congreso de la República para revisar y revertir los efectos de este mandato, al que considera como un “retroceso” en los avances que el país venía logrando en materias del uso de la fuerza.
Como se recuerda, el 28 de marzo, el Parlamento promulgó la denominada Ley de Protección Policial (n.° 31012) la cual brinda protección policial a los agentes de la PNP, quienes en ejercicio de sus funciones, causen lesiones o la muerte, y les brinda asesoría y defensa legal gratuita a aquellos que afronten procesos penales o civiles derivados de sus funciones.
