Barrios: Es extraño que acusación de Fiscalía se dé en plena lucha contra la corrupción

La actual ministra de Producción anunció que puso su cargo a disposición del presidente de la República, Martín Vizcarra.

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La ministra de la Producción, Rocío Barrios Alvarado, aseguró que le parece “extraño” que la solicitud de la Fiscalía de pedir 9 años de prisión en su contra se dé justo cuando la entidad que lidera promueva la lucha contra la corrupción, así como el fortalecimiento del Instituto de Mar Peruano (Imarpe).

“Soy suspicaz como tus oyentes, no es coincidencia que en enero hemos emitido un decreto de urgencia a través del cual queremos ordenar la casa y estamos luchando contra la corrupción”, declaró en Exitosa.

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Por otro lado, Barrios aseguró que otra de las decisiones que tomó en su manejo en Produce, fue la separación y sanción de los funcionarios vinculados en la licencia de pesca del primo del exparlamentario, Roberto Viera y también la nulidad de servicios de pesca dados de manera irregular.

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“En el Imarpe necesitamos fortalecer la institución, hay debilidad de gestión interna, se recibió denuncias por hechos que mínimamente se deben investigar porque revisten indicios de comisión de delitos, procedo a investigar y en automático viene la acusación, no olvidemos que desde hace 15 días tengo un spot publicitario cada 15 minutos (sobre cuotas de pesca)”, aseveró.

De igual manera, volvió a reiterar su sorpresa al enterarse de dicha denuncia por los medios de comunicación sobre el pago de mantenimiento de vehículos cuando laboraba en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) en el 2014.

Trabajos que, según afirma, se realizaron sin orden de servicio por decisión de la administradora que la reemplazó en el cargo posteriormente.

“No tenía conocimiento ni mi abogado, nos enteramos por los medios, debo entender que se dio en febrero (denuncia), pero he visto que es una resolución que se firma el 30 de enero, bastante raro”, precisó.

Asimismo, Barrios Alvarado contó que cuando estuvo encargada en la administración de la PCM, en noviembre del 2014, detectó una gran cantidad de servicios embalsados impagos debido a la falta de previsión de la gestión saliente, lo que incluso produjo la incautación de vehículos.

En esa misma línea, explicó que en un informe anterior detalló los servicios proporcionados por una empresa por lo que reconoció dicha deuda a pesar de que el servicio había sido proporcionado sin una orden.

“Firmé la resolución directoral reconociendo la deuda porque estaba dentro de mi competencia, es una figura legal en el Estado para esos casos, en base a eso la Fiscalía erróneamente lo califica como peculado”, puntualizó.

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