Odebrecht pretende cobrar US$ 1.200 millones

Informe: César Romero y Christian Silva

La colaboración de la constructora brasileña con el Perú para combatir y sancionar la corrupción dio un giro sorpresivo. El noviazgo parece haberse roto por culpa del dinero, tras una decisión previsible y que, tarde o temprano, iba a suceder.

Hasta que ocurrió. Odebrecht anunció que interpuso una demanda ante el tribunal arbitral del Banco Mundial (CIADI), contra el Perú por el Gasoducto Sur Peruano. La demanda de arbitraje presentada por la constructora brasileña alcanza los US$ 1.200 millones.

A través de una carta, Ray Lemos Sampaio y Rogerio Bautista da Nova Moreira, presidente y director de Odebrecht, le comunicaron a la Fiscalía que presentaron una demanda contra el Perú el 21 de enero último.

En su misiva, aunque sostienen que tienen “la firme voluntad de preservar de forma íntegra el Acuerdo de Colaboración”, indican que fue un “golpe muy fuerte para la Compañía” la resolución del Contrato de Concesión del Proyecto Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano (GSP) y recuerdan que se declaró la caducidad con el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, quien se encuentra en arresto domiciliario, lo que demuestra que la terminación fue motivada “por intereses personales (y no públicos)” para “expulsar a la empresa del país”.

También señalan que no tuvieron éxito en la gestión para “intentar recuperar la inversión” realizada en el Proyecto GSP. Por ello, indican, no han tenido otra alternativa que “presentar la demanda arbitral ante el CIADI el 21 de enero del 2020”.

Zeballos: “Una frescura”

No demoró en salir al frente el mismo premier Vicente Zeballos. “Resulta irónico que, a pesar de los hechos, Odebrecht tenga todavía la frescura de acudir a un arbitraje”, expresó ante la demanda de arbitraje presentada por la constructora brasileña por US$ 1.200 millones.

Recordó que la constructora planteó en mayo del 2017 una solicitud de trato directo para la devolución del monto invertido en el proyecto, que no prosperó. La misma situación ocurrió con la española Enagás, que lleva adelante otro arbitraje.

Zeballos desestimó los argumentos centrales de la empresa brasileña, respecto a una cancelación arbitraria y un marco legal para evitar el avance del proyecto, sosteniendo que el consorcio no alcanzó el cierre financiero –“fue responsabilidad directa de dicho consorcio”– y que el Estado “tiene legítimo derecho a defender sus intereses cuando estos son por actos de corrupción”.

Zeballos aseguró que "el proyecto debe continuar. En lo que va del año, debemos convocar a un proceso de licitación. Sigue siendo una prioridad para nuestro gobierno”, expresó.

La respuesta de Vela

En la carta de respuesta que el fiscal superior coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, le remitió a Ricardo Machado Weyll, el abogado de Odebrecht en Lima, se habla de un reconocimiento de responsabilidad de Odebrecht sobre el Gasoducto en el marco del acuerdo de colaboración eficaz.

Sin embargo, la constructora reconoce “la programación de pagos no contabilizados” con cargo al proyecto del Gasoducto, sin especificar que se trate de sobornos, aportes de campaña o de otro tipo. En agosto del 2019, La República recibió información procedente de Brasil de que Jorge Barata insistió ante el fiscal José Pérez en que “no recibimos ninguna solicitud de dinero de funcionarios públicos, tampoco hemos hecho algún ofrecimiento económico y no hubo ningún pago de coima”.

Tal parece que en el último viaje de los fiscales peruanos a Brasil se habría reiterado esta declaración, de allí los escasos resultados obtenidos y que no aparecieran nuevas revelaciones de codinomes, como se había anunciado.

La Fiscalía ha informado que ante el desconocimiento de responsabilidad volverá a incluir a Odebrecht en la investigación del GSP y reactivará el fideicomiso de la Ley Nº 30737.

La Fiscalía aún necesita al Odebrecht colaborador para los juicios por corrupción y lavado de activos. La constructora ya goza de beneficios de la colaboración, pero la Fiscalía aún espera aumentar la cosecha de pruebas.

En su respuesta, Vela solicita a la constructora “se le remita a la mayor brevedad posible” una copia de la demanda que presentó ante el CIADI, “con su correspondiente traducción al castellano, de ser necesario”.

Ya lo esperaban

El Equipo Especial del Ministerio Público, la procuraduría ad hoc del caso Lava Jato y probablemente el actual gobierno esperaban que la demanda ante CIADI sucediera dentro de algunos años, con otro gobierno u otros actores.

Este episodio de turbulencia, como lo calificó Rafael Vela, explotó ayer, pero se ha estado incubando desde hace algunas semanas, desde mucho antes del último viaje a Brasil.

La misiva con la cual Lemos Sampaio y Bautista da Nova Moreira, de Odebrecht, comunicaron la demanda contra el Perú ante CIADI está fechada en Sao Paulo, el 22 de enero último.

La carta habla de reuniones sostenidas en Lima en las semanas previas, entre los representantes de Odebrecht, la Fiscalía y la procuraduría. Según parece, la decisión de hacer público el tema tuvo que ver más con el hecho de que CIADI registraría la demanda el 5 de febrero.

Lemos Sampaio y Da Nova Moreira refieren que Odebrecht se ve obligado a recurrir al CIADI por presión del proceso de reestructuración judicial, en el que se encuentra inmerso en Brasil. Es relativamente cierto. Odebrecht siempre supo que recurriría al CIADI. Por eso, nunca ha reconocido el pago de sobornos a funcionarios públicos peruanos en la adjudicación del Contrato de Concesión del GSP.

El proyecto tampoco está incluido en el acuerdo de colaboración y beneficios que la constructora firmó con el Equipo Especial y el procurador ad hoc, Jorge Ramírez.

Ante las filtraciones en Ecuador, Odebrecht ha reconocido pagos asociados al Gasoducto, a actores privados, abogados y el gerente general de un competidor, por unos 3 millones de dólares. Pero no a funcionarios peruanos.

Ahora, el CIADI debe decidir.

Por su parte, Odebrecht señala que está dispuesta a llegar a un acuerdo si el gobierno peruano vuelve a licitar la obra y un nuevo concesionario les devuelve a ellos los 1.200 millones de su inversión. Esa es la posible solución, dice. La otra es que el CIADI nos dé la razón. Difícil, no imposible.

Las cifras del gasoducto

Valor de las inversiones: US$ 1.980.000.000

Demanda de Enagás: € 408.000.000

Pretensión de Odebrecht: US$ 1.200.000.000

Monto de la reparación civil: S/ 610.000.000

Perjuicio total al Estado: S/ 3.468.000.000

Odebrecht obstruye envío de datos al país

Odebrecht obstruye en Suiza, mediante recursos legales, el envío a las autoridades peruanas por parte de la compañía Safe Host de información original contenida en los servidores My Web Day y Drousys, informó Convoca.pe.

Las acciones de los abogados de Odebrecht fueron reportadas el 18 de noviembre por el Basel Institute on Governance a la fiscal superior Celia Goicochea, jefa de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y de Extradiciones de la Fiscalía del Perú, indicó Convoca.

Antes, en octubre, la fiscal suiza Elisabetta Tizzoni, informó que la asistencia legal con el Perú estaba paralizada porque Odebrecht había interpuesto acción legal contra la coordinación.

La constructora pidió ser incluida como parte en la asistencia legal internacional —en materia penal— sobre entrega de documentación al Perú, por la firma dedicada a almacenar datos.

Documentos

Demanda. Odebrecht anunció demanda y pide un acuerdo negociado si se vuelve a licitar la obra.

Investigación. El fiscal Rafael Vela anunció que volverán a investigar a Odebrecht por Gasoducto.

CIADI. El Centro de Arreglo de Diferencias registró la demanda de Odebrecht contra el Perú.