Candidatas al Congreso proponen leyes más severas para agresores y feminicidas

Las aspirantes a una curul Leslie Lazo (Acción Popular), Sandra Salinas (Contigo), Lucía Alvitez (Juntos por el Perú), Carmen Omonte (Alianza para el Progreso), Arlette Contreras (Frente Amplio) y Úrsula Moscoso (Partido Morado) conversaron con La República y coincidieron en la necesidad de replantear y fortalecer, desde el parlamento, la lucha contra la violencia de género.

Lazo y Contreras, por ejemplo, proponen incrementar las penas contra los feminicidas. La primera sugiere una condena mínima de 30 años de cárcel, mientras que la candidata del Frente Amplio sostiene que se debe aplicar la cadena perpetua en todos los casos.

Sandra Salinas, por su parte, busca implementar una ley especial de salud mental que abarque no solo atención a las mujeres violentadas, sino también a los hijos de estas, que en muchos casos terminan convirtiéndose en agresores o repitiendo la historia de victimización de sus progenitoras.

Lucía Alvitez, en tanto, plantea que se aumenten las sanciones para las autoridades que sean indiferentes ante los hechos de violencia, y además que se despenalice el aborto en casos de violación sexual.

Finalmente, Omonte y Moscoso coincidieron en la necesidad de fiscalizar. La candidata de APP propone crear una mesa de trabajo que aborde estos temas, mientras que su par del Partido Morado pone especial énfasis en la labor de las comisarías y Centros de Emergencia Mujer.

Este, sin duda, es un tema de urgente atención para el próximo Congreso.

Pena mínima de 30 años a feminicidas

Leslie Lazo de Acción Popular

Vamos a proponer una ley que incremente la pena mínima a 30 años, y sumatorias hasta la cadena perpetua, en casos de feminicidios. También la Ley de creación de las Casas Hogar de apoyo integral para víctimas de violencia familiar, que serán solventadas con el 1% del presupuesto municipal. Tenemos planeado crear 1.850 hogares de protección que ayudarán a sacar del escenario riesgoso a las víctimas, para que una vez que denuncien una agresión no se vean obligadas a regresar a lo mismo. Estos refugios se podrán implementar dentro de locales comunales. Una forma de completar esta acción es crear el registro de agresores familiares para estar prevenido y monitorear el actuar de los violentadores. Considero que se debe capacitar profesionales para garantizar la salud mental dentro del sistema de educación. Sería ideal tener un especialista en salud mental por cada cien alumnos como mínimo.

Ley de salud mental para las víctimas

Sandra Salinas de Contigo

Una de las propuestas principales que tenemos sobre este tema es la creación de una Ley especial de salud mental, que no solo enfocada en la atención de las víctimas de maltrato, sino también a las víctimas colaterales, las víctimas silenciosas, que son los hijos de estas mujeres maltratadas o asesinadas. Lamentablemente, no existe una estadística clara sobre estas víctimas colaterales, que muchas veces terminan convirtiéndose en maltratadores o repiten la historia de victimización de sus madres.

A esto sumamos la implementación de un aplicativo de alerta a la PNP sobre maltrato. Este aplicativo no solo permitirá que las mujeres agredidas puedan denunciar inmediatamente un caso de violencia familiar, acoso o intento de violación, sino que ayudará a evitar que una agresión termine convirtiéndose en un feminicidio. Debemos usar todas las herramientas para frenar la violencia contra la mujer.

Aborto legal para casos de violación

Lucía Alvitez de Juntos por el Perú

Nuestra primera propuesta consiste en aumentar la pena de 3 a 7 años de cárcel para aquellas autoridades (policías, fiscales, jueces) que muestren desidia ante casos de violencia. La segunda propuesta consiste en fiscalizar que realmente se esté implementando el enfoque de género en las entidades públicas, en las instituciones educativas. Nuestra tercera propuesta tiene que ver con que el Estado criminaliza y persigue a las mujeres que optan por un aborto en casos de violación sexual, y eso es una forma de reviolentarlas, de revictimizarlas. No es posible que se obligue a una niña de once, trece años, a tener un hijo producto de una violación, a tener una maternidad forzada, eso es tortura. En ese sentido estamos proponiendo la despenalización del aborto en casos de violación sexual. Y, por último, lograr la paridad y alternancia absoluta en el 2021, y no para el 2031, como propuso el anterior Congreso.

Crearemos una mesa de trabajo

Carmen Omonte de APP

La violencia contra la mujer es un tema transversal. Por ello, no es suficiente que se endurezcan las leyes, sino que deben actuar todas las instituciones, el Estado y toda la sociedad en general. Es necesario un compromiso de todos, hombres y mujeres, familiares de las víctimas, compañeros de trabajo, autoridades, etc. Yo estoy proponiendo crear una mesa de trabajo dentro del Congreso que se dedique a abordar a fondo esta problemática, una mesa de trabajo que tendrá como función principal la fiscalización e impulso, la creación e implementación de casas de acogida, que hasta el 2016 estaban a cargo de los gobiernos locales y posteriormente se involucró al Ministerio de la Mujer, pero no cuentan con un presupuesto adecuado. Desde el Congreso trabajaremos para dar la mejor atención a las víctimas de violencia, tanto a nivel psicológico, legal y todo lo que requieran. Es un compromiso que vamos a asumir.

Cadena perpetua a feminicidas

Arlette Contreras del Frente Amplio

En este corto tiempo, la función más importante del Congreso será la fiscalización. Yo estoy impulsando una Agenda Mujer, que se enfocará justamente en la labor fiscalizadora, velando porque las instituciones del Estado cumplan adecuadamente su trabajo. En cuanto a propuestas, está incrementar la pena para los feminicidas a cadena perpetua y lograr un sistema de reparaciones civiles para las víctimas de violencia machista. También vamos a proponer la obligatoriedad de la aplicación del proceso inmediato como regla general en casos de violencia flagrante. Buscamos la prohibición y sanción a la violencia institucional, porque la mujer en el Perú no solo sufre violencia de agresores machistas sino también de instituciones machistas y debemos acabar con eso. Otro tema es el de la paridad y la alternancia, vamos a velar porque se implementen tanto en los gobiernos regionales como municipales.

Comisarías estarán en la mira

Úrsula Moscoso del Partido Morado

Principalmente, nuestras propuestas van enfocadas hacia la labor de fiscalización. Vamos a fiscalizar que las comisarías y los Centros de Emergencia Mujer cumplan su función y traten a las víctimas como tales, porque tenemos que el 12% de las víctimas asesinadas en el 2019 denunciaron previamente a sus agresores, pero nadie hizo nada. En ese sentido, el Estado tiene acciones reactivas, pero dónde está la prevención. Por ello vamos a fomentar y fortalecer el enfoque de género dentro del sector Educación, porque es necesario que los niños y niñas crezcan en un clima de respeto y tolerancia entre todos. Tenemos que romper los estereotipos. Finalmente, en el 2018 se creó la ley 30901, la cual instaba al Poder Judicial a crear un registro de agresores sexuales en una página web, pero a la fecha esta página no está en funcionamiento. Vamos a impulsar que se desarrolle para que esta información sea pública.