Marina presenta queja contra fiscal por caso del contrato con Canadá
Ante Fiscalía suprema de control interno. Efectivos navales señalan que fiscal chalaco Fernando Perca pretende mantenerlos bajo sospecha por 56 meses sin haber acreditado ninguna prueba.
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La defensa legal de los oficiales de la Marina investigados por el fiscal especializado en Corrupción de Funcionarios del Callao, Fernando Perca Contreras, interpuso una queja funcional contra este ante la Fiscalía Suprema de Control Interno del Ministerio Público.
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Los marinos afirman que durante la investigación de un contrato entre Servicios Industriales de la Marina (SIMA) con el gobierno de Canadá para el suministro de bases modulares móviles se ha presentado una serie de irregularidades que afectan sus derechos.
Como ha informado La República, el fiscal Fernando Perca, cuando estaba a punto de concluir el plazo para determinar la presunta responsabilidad de los marinos por negociación incompatible, ha solicitado la ampliación de investigación, pero esta vez por crimen organizado. Según el planteamiento del fiscal Perca, oficiales de los gobiernos de Perú y Canadá confabularon para favorecer con un contrato por 21 millones de soles a la empresa canadiense Weatherhaven.
Según ha comunicado el gobierno de Canadá al fiscal Perca mediante conducto diplomático, en cumplimiento de un convenio intergubernamental SIMA consultó a la Cámara de Comercio de Canadá (CCC) sobre compañías productoras de bases modulares móviles. En respuesta, CCC respondió que la empresa adecuada era Weatherhaven, que ya tenía experiencia en el Perú. El contrato que suscribieron las entidades fue bajo la modalidad de gobierno a gobierno, que precisamente garantiza la transparencia del proceso y elimina a los intermediarios que suelen ser fuentes de corrupción.
La queja funcional interpuesta contra Perca ante la Fiscalía Suprema de Control Interno del Ministerio Público indica que la autoridad manifiesta un permanente afán por tratar de demostrar la responsabilidad de los investigados, vulnerando sus más elementales derechos, como evitando que tengan acceso al expediente del caso.
“(El fiscal Fernando Perca) no ha podido demostrar ni tampoco presumir alguna conducta ilícita respecto a los hechos materia de investigación (la compra de las bases modulares móviles)”, se indica en el contenido de la queja funcional. Y, sin embargo, el despacho del fiscal “ha informado a algunos medios de comunicación que “evalúa denunciar al almirante Fernando Cerdán Ruiz y a otros seis oficiales por colusión agravada. Esto es un adelanto de opinión, un acto gravísimo y constituye inconducta funcional”.
El delito de colusión implica que funcionarios públicos que son parte de un proceso en este caso de contratación intervienen expresamente para beneficiar a determinado proveedor, en coordinación con el mismo que abonará una contraprestación (soborno). El gobierno de Canadá preguntó al fiscal Fernando Perca qué evidencia tenía de que funcionarios gubernamentales de ese país habían cometido dicho delito.
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Cuando el fiscal solicitó investigar el caso, ahora como crimen organizado, no dio muestras de contar con pruebas de abono de coimas. SIMA pagó los 21 millones de soles del contrato a la cuenta de la CCC, una entidad gubernamental de Canadá.
“Habiendo culminado el plazo de investigación preliminar, y realizado todas las diligencias pertinentes y las solicitadas por el representante del Ministerio Público, este no ha podido demostrar ni tampoco presumir alguna conducta ilícita respecto a los hechos materia de investigación, (por lo tanto), debió archivar el caso”, señala la queja funcional contra Perca. En lugar de eso, como se ha informado, el fiscal especializado en Corrupción de Funcionarios del Callao ha requerido ampliar la investigación por 28 meses más y por crimen organizado.
El último 20 de diciembre, ante el Juzgado de Investigación Preparatoria del Callao, el fiscal Perca manifestó que necesitaba un mayor plazo para recepcionar y analizar información. Fue el mismo argumento que esgrimió la última vez que solicitó un plazo de 8 meses adicionales. Si el juzgado accede al requerimiento del fiscal Fernando Perca, los efectivos de la Marina sumarían 56 meses bajo sospecha, lo que estos consideran muy injusto.
Lo que dice el Código Penal sobre el delito
El artículo 317° del Código Penal indica: “El que promueva, organice, constituya o integre una organización criminal de tres o más personas con carácter estable, permanente o por tiempo indefinido, que de manera organizada, concertada o coordinada, se repartan diversas tareas o funciones, destinada a cometer delitos será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 8 ni mayor de 15 años”.
Tanto la defensa de los marinos como el gobierno de Canadá le piden al fiscal que demuestre que existió concertación para favorecer con varios contratos a Weatherhaven.
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