Fiscalía investigó y archivó las denuncias contra Vizcarra por adelanto en construcción de hospital
Ante una denuncia del procurador del gobierno regional de Moquegua, desde el 2015 se investigó los adelantos de obra realizados, en diciembre del 2014, al consorcio Hospitalario Moquegua. Se presentaron hasta tres denuncias por el mismo hecho y todas fueron archivadas.
El adelanto de 40 millones de soles que la administración regional del actual presidente de la República, Martín Vizcarra, realizó al Consorcio Hospitalario Moquegua, para la construcción de un hospital en la región del mismo nombre, se viene investigando en el Ministerio Público desde abril del 2015.
La denuncia fue promovida ese año por el gerente general del Gobierno Regional de Moquegua Jesús Málaga. Se acusó al ex gobernador de esa región de ocasionar una serie de perjuicios al disponer el adelanto de obra al consorcio, formado por las empresas Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A (ICCGSA) e Incot.
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Las primeras denuncias
De acuerdo con la información que publicó La República, se atribuyó a Vizcarra Cornejo, y a sus principales colaboradores, dos hechos: 1) que el 29 de diciembre del 2014, mediante una resolución ejecutiva, aprobó el expediente técnico de la obra por 109 millones de soles, cuando en el original se consigna el monto de 154 millones de soles y 2) el adelanto de los 40 millones de soles al contratista encargado de construcción del hospital, que de esa manera habría tenido liquidez para iniciar las obras.
La investigación estuvo a cargo del fiscal de Moquegua, Merlin Pozo Campos, quien al no encontrar evidencias de la comisión de un delito, archivó el caso en marzo del 2016., según consta en los archivos del expediente 162-2015.
Ese mismo 2015, según el expediente 66-2015, las fiscalías de Moquegua también recibieron una denuncia del representante del frente de defensa de Moquegua, Jesús Paredes Zegarra que fue archivada el 26 de julio del 2017. La denuncia fue recibida por el fiscal Luis Ortiz Ticona, quien determinó que se trataba de los mismos hechos que investigó Pozo Campos y que no se adjuntaron nuevos elementos o indicios que permitieran reabrir el caso o realizar una nueva investigación.
El 7 de junio del 2018, luego que Vizcarra asumiera la presidencia de La República, tras la renuncia de Pedro Pablo Kuzcynski, Jesús Paredes Zegarra volvió a denunciar el adelanto de obra ante el despacho del entonces fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde.
Tras evaluar la denuncia, el 19 de julio del 2018, Sánchez la derivó a las fiscalías de Moquegua al tratarse de un evento que ocurrió cuando Vizcarra no era presidente y, por tanto, el fiscal de la Nación no podía investigar este tema.
Nueva investigación
La nueva investigación la recibió el fiscal provincial especializado en delitos de corrupción de Moquegua, Walker Ríos. Al igual que en la denuncia primigenia, en la investigación también se incluyó al ministro de Vivienda, Edmer Trujillo y el gobernador de Moquegua, Jaime Rodríguez. Ríos derivó la evaluación de la denuncia a Ortiz Ticona, que ya conocía el tema.
En agosto del 2018, Ortiz Ticona archivó la nueva denuncia al considerar que se trataba de los mismos hechos ya investigados anteriormente. La coordinadora de la Procuraduría Anticorrupción, la abogada Marlene Mendoza apeló, pero el archivo fue confirmado. Sin nuevas evidencias, no se podía reabrir lo antes decidido.
El 14 de diciembre del 2018, la Contraloría emitió el informe C97-2018-CG\MPROY dónde se concluye responsabilidad en 14 funcionarios del gobierno regional de Moquegua, en la "elaboración del expediente técnico a nivel de ejecución de obra y construcción de obra para el proyecto “Ampliación y Mejoramiento del Hospital de Moquegua”. Este informe no incluye al exgobernador y hoy presidente Martín Vizcarra.
Un resumen de dicho informe fue publicado en aquella fecha en la página web de la Contraloría General de la República. Se puede revisar aquí. El informe fue remitido a la Procuraduría judicial de la Contraloría para que evalúe si correspondía iniciar alguna acción penal contra los funcionarios señalados de responsabilidad administrativa. En mayo del 2019, La República dio cuenta la existencia de este informe.
El informe de la Contraloría
La Contraloría indicó que “funcionarios de la Entidad tramitaron y pagaron el adelanto directo para la ejecución de la obra, inobservando los términos de referencia que precisaban como requisito para su entrega, la aprobación del expediente técnico; lo cual, benefició al contratista con el monto de S/ 24 691 318,16 y le otorgó liquidez financiera un año antes de la fecha que correspondía”.
Además, que “funcionarios de la entidad tramitaron y pagaron el adelanto de materiales para la ejecución de la obra del Nuevo Hospital, antes de que se cumplan las condiciones para su otorgamiento, con un sustento técnico avalado por la supervisión que presentaba inconsistencias, (...); beneficiando al contratista con S/ 40 897 217,49”.
Igualmente, que “funcionarios de la entidad y la supervisión, aprobaron el Adicional de obra N.° 1 por mayores áreas funcionales, a pesar que dichas áreas eran parte de los ambientes previstos en el Programa Médico Arquitectónico, y que fueron incluidos en los términos de referencia del contrato (...), y lo benefició con el pago adicional de S/ 5 034 073,47 por mayores metrados, por trabajos que eran de su responsabilidad; además de no ser imprescindibles para la finalidad del contrato”.
Por último, que “funcionarios de la Entidad aprobaron el expediente técnico de obra a pesar de que estaba incompleto y observado por los especialistas de la supervisión, (...), situación que permitió el inicio de ejecución de la obra y no se apliquen las penalidades por atraso en la entrega del expediente técnico, tanto al Contratista por S/ 366 897,40 así como a la supervisión por S/ 120 374,19”.
Lo último
En septiembre del 2019, la procuraduria de la Contraloria presentó una denuncia contra los 14 funcionarios señalado en el informe de control, sin considerar al presidente Martín Vizcarra ni al ministro Edmer Trujillo. El informe viene siendo evaluado por el fiscal Roberto Giraldo Cadillo para definir si hay nuevos hechos y7o evidencias, para lo cual está revisando los expedientes anteriores. Giraldo Cadillo debe decidir si hay elementos para reabrir los casos archivados o de tratarse de hechos nuevos, realizar una nueva investigación.
Edición Impresa - La Republica | Lima - Jueves 21 de Noviembre del 2024