Salud universal

El decreto de urgencia expedido por el Gobierno que autoriza la afiliación al Seguro Integral de Salud (SIS) de toda persona sin ningún seguro de salud residente en el territorio peruano, independientemente de su clasificación socioeconómica, es la concreción de la universalización del derecho a la salud en el Perú.

Se cumple así el recorrido histórico de uno de los reclamos más insistentes desde los años veinte del siglo pasado y que figurara en todos los programas políticos desde entonces. Esta aspiración, que primero reconoció el derecho a la salud de quienes tenían un trabajo estable, pero excluía a niños, mujeres amas de casa y adultos de la tercera edad sin jubilación, ha sido alcanzada luego de un siglo.

Gracias a esta decisión, más de 4 millones de personas podrán acceder a los servicios de salud a través de planes complementarios y esquemas de financiamiento del Seguro Integral de Salud (SIS), prestados a través del Fondo Intangible Solidario de Salud (Fissal).

Este es también el fin de la focalización, un instrumento de política pública que si bien se fija y atiende a los que más necesitan, excluye a otros y carga sobre ellos el costo de otras formas de aseguramiento. El hecho de que todo peruano, sin importar su condición económica, acceda a la salud, es el cierre de una brecha de desigualdad, como lo señaló en su momento la OCDE en su evaluación de los desafíos del Perú para acceder a esa asociación de países.

Por supuesto que el camino no será plano para concretar este principio/derecho y se deberá superar varios retos.

El primero de ellos es la cobertura, que siendo obviamente gratuita obedecerá a un Plan Esencial de Aseguramiento que se espera que cubra un grupo importante de atenciones y que estas prestaciones sean brindadas en todo el territorio nacional con la misma calidad. En esa dirección, la utilidad y oportunidad del servicio es esencial porque no se trata de universalizar prestaciones deficientes sino de garantizar el derecho a la salud de modo óptimo, en un contexto de reforma que también se preocupe por la gestión y prevención del sistema de salud.

Estas variables están relacionadas con el reto del financiamiento. Se entiende el proceso de gradualidad y la necesidad de los arreglos institucionales necesarios para la implementación de esta decisión, pero debe también considerarse que el SIS no será un seguro de pobres, lo que repondría la desigualdad, sino una institución dotada de los recursos necesarios que permiten hacer realidad el propósito del acceso universal a la salud.