Cusco: En la mira los bienes de Jorge Acurio, René Concha y Edwin Licona

José Víctor Salcedo

Los tres últimos gobernantes de Cusco son investigados por corrupción, lavado de activos y otros presuntos delitos. Jorge Acurio Tito (2011-2013) y Edwin Licona (2015-2018) cumplen prisión preventiva, mientras que René Concha Lezama (2014) es investigado en libertad.

Acurio y Concha son acusados de favorecer a las firmas brasileñas Odebrecht y OAS, y Licona por intentar beneficiar a 18 empresas cusqueñas con obras “fantasma”. El daño económico ocasionado es alto.

La Procuraduría Anticorrupción se encarga de recuperar lo indebidamente apropiado. Usa la incautación de bienes que a futuro, en caso haya sentencia condenatoria, permitan cobrar la reparación civil.

En setiembre último, la Procuraduría Ad Hoc del caso Lava Jato incautó bienes de Acurio y sus coinvestigados Gustavo Salazar Delgado y José Francisco Zaragozá Amiel. Los embargos juntos ascienden a S/ 4 310 270.

Bienes de Acurio

Acurio es investigado porque habría solicitado en 2012 un soborno de US$ 3 millones de Odebrecht a cambio de la buena pro del proyecto de avenida Evitamiento. De ese monto, según Fiscalía, recibió US$ 1.25 millones a través de una cuenta offshore. ¿Qué bienes les fueron incautados? No hay información al respecto. Pueden ser los que declaró cuando fue autoridad. Acurio reportó posesiones por más de S/ 2 millones cuando asumió la presidencia regional en 2011. Un departamento en La Molina (Lima) por casi medio millón de soles, dos casas y un terreno en Cusco figuran en esa declaración, dada a Contraloría.

Según la Comisión Lava Jato del Congreso, que investigó la obra de la Av. Evitamiento, casi todos los bienes declarados tenían la misma dirección: manzana I Lote 1. Además, ninguno estaba inscrito en Registros Públicos. Este diario accedió a la lista de propiedades de Acurio en Registros Públicos y detectó que solo hay dos a su nombre: las casas en MZ C Lote 16 en San Jerónimo, Cusco, y Mz C Lote 18 Urbanización Asociación de Pequeños Propietarios de Pampachacra en San Jerónimo.

“Declaró inmuebles con montos exorbitantes que no existían para aparentar un patrimonio mayor (...), para que durante su gestión no parezca el incremento del mismo”, concluyó la Comisión Lava Jato.

Bienes de Concha

René Concha nunca presentó su declaración a Contraloría, como manda la ley. Registros Públicos da cuenta de tres bienes, dos inactivos, lo que significa que pudieron ser vendidos o cedidos en herencia, y el otro activo. Sus propiedades se ubican en el distrito de Wanchaq y provincia de La Convención.

Concha es investigado por avalar la firma de adendas a favor de OAS, concesionaria de la obra del hospital Antonio Lorena del Cusco. Con eso, junto a su gerente Juan Carlos Paredes, facilitó el pago de más de S/ 13 millones y perdonó a la firma brasileña retrasos en la ejecución del nosocomio.

También es investigado por las irregularidades en la construcción de la Av. Evitamiento. Se habla del pago de S/ 13 millones adicionales por la “reducción de 8 carriles a 4 carriles” y “reducción del puente Túpac Amaru”, entre otros, que favorecieron a Odebrecht. Hay 9 investigados, entre ellos Concha, quienes aprobaron adendas a favor de la empresa.

Bienes de Licona

El exgobernador Edwin Licona solo declaró un inmueble ante la Contraloría en 2015, cuando asumió el cargo. Su única declaración coincide con el bien inscrito en Registros Públicos. Se trata de una casa en la Urb. Asociación de Vivienda Velasco Astete del distrito de Wanchaq. Además, reportó una camioneta KIA Sportage año 2011 avaluada en S/ 50 400, y “otros bienes” por S/ 18 000.

Licona estará con prisión preventiva hasta el 5 de marzo del 2020. La exautoridad, junto a una veintena de empresarios y exservidores, afrontan investigación por colusión simple, negociación incompatible y cohecho pasivo propio. Adjudicaron a dedo 19 obras para descolmatar cuencas de ríos y evitar desbordes en época de lluvias.

La inversión ascendía a S/ 11 399 362. Según la fiscalía, Licona quiso pagar deudas de su campaña electoral con dinero del Estado. Contraloría evitó que eso ocurra.