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Política

Gianni Buquicchio: “La Comisión de Venecia no se pronuncia sobre si el proyecto es constitucional o no”

Visita. La delegación de la Comisión de Venecia, que preside el italiano Gianni Buquicchio, estará en Lima para reunirse con diversas autoridades peruanas.

Presidente de la Comisión de Venecia, que forma parte del Consejo de Europa.
Presidente de la Comisión de Venecia, que forma parte del Consejo de Europa.

Por: Enrique Patriau

La delegación de la Comisión de Venecia tendrá una intensa jornada de trabajo entre el lunes y el martes, en el marco del debate sobre el proyecto de adelanto de elecciones propuesto por el Poder Ejecutivo. Su presidente, Gianni Buquicchio, respondió -por escrito- algunas preguntas a La República. Adelanta que la organización -la cual forma parte del Consejo de Europa- no se pronunciará sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la iniciativa de reforma. Aparte, dice esperar que nadie utilice la cooperación de la Comisión como “un medio de presión política”. “Desde su creación, la Comisión ganó la reputación de un organismo independiente y por esa razón jugo y sigue jugando un papel importante en el asesoramiento de las reformas constitucionales en diferentes partes del mundo, incluso en los casos de conflicto entre los diferentes poderes del Estado”, señala Buquicchio. Y añade: “Para nosotros, se trata de un honor de poder colaborar con las autoridades peruanas sobre el tema de las actuales reformas”.

Para comprender correctamente la labor de la Comisión de Venecia, ¿qué clases de informe realiza? Y en el caso de Perú, ¿sobre qué exactamente se pronunciará la delegación que llegará a Lima? Por ejemplo, ¿se pronunciará sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del proyecto para adelantar las elecciones que ha presentado el Ejecutivo? Hay confusión al respecto.

La Comisión de Venecia prepara opiniones jurídicas con recomendaciones. Las opiniones pueden ser solicitadas por los poderes del Estado-miembro de la Comisión. La Comisión no se pronuncia sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del proyecto. Esa es la tarea del Tribunal Constitucional. La Comisión puede compartir una opinión sobre los estándares y mejores prácticas internacionales en el ámbito de su intervención.

Este año el Ejecutivo presentó una cuestión de confianza para que el Congreso no demore el debate de los proyectos de reforma política. El Congreso la aceptó. ¿La delegación se va a pronunciar sobre si la eventual presentación de una nueva cuestión de confianza es constitucional o inconstitucional?

Como acabo de mencionarlo, la delegación no puede pronunciarse sobre las cuestiones de constitucionalidad de las reformas. Su tarea es de obtener informaciones más completas sobre el proceso de la reforma y las posiciones jurídicas de diferentes poderes del Estado para preparar una opinión sobre la propuesta de reformar la Constitución para organizar las elecciones anticipadas y las posibles implicaciones del uso de la cuestión de confianza para acelerar la reforma. Seguramente los relatores que trabajan en el texto de la opinión prepararan sus recomendaciones tomando en cuenta las experiencias de otros Estados.

La opinión de la comisión se debatirá entre el 11 y el 12 de octubre, pero el Ejecutivo le ha pedido al Congreso que decida sobre el proyecto de adelanto de elecciones a fines de setiembre, a fin de cumplir con el calendario electoral. Sectores políticos y sociales advierten que la mayoría del Congreso utiliza a la Comisión de Venecia como excusa, con la intención de retrasar el debate. ¿Les preocupa esto? ¿Consideran que el Congreso debe esperar a que la Comisión de Venecia emita su opinión antes de tomar una decisión?

La Comisión de Venecia no es un órgano político, es un instrumento de cooperación que proporciona asesoría jurídica. Está claro que esperamos que los poderes políticos de un Estado-miembro por lo menos consideren nuestras recomendaciones antes de adoptar definitivamente los cambios constitucionales y que ninguno de los actores políticos intente utilizar la cooperación con la Comisión como un medio de presión política. Espero que la opinión de la Comisión ayude a los diferentes poderes del Estado peruano a evaluar las diferentes opciones de la reforma constitucional y encontrar una solución de consenso.

Las opiniones de la Comisión de Venecia no son vinculantes, ¿cuál esperan que sea la respuesta que asuma el Estado peruano una vez que ustedes hagan conocer su opinión?

Esperamos que nuestras recomendaciones sirvan para encontrar soluciones adecuadas que estén conformes a la Constitución del Perú, así también a los principios de separación de poderes y de legalidad.

¿Hacen algún tipo de seguimiento sobre si sus recomendaciones son tomadas en cuenta o no?

Cuando adoptamos una opinión esperamos que las autoridades hagan buen uso de sus recomendaciones. El envío de la opinión a las autoridades no significa que nos desinteresamos del asunto. Continuamos el diálogo con los diferentes poderes del Estado, seguimos los procesos legislativos e informamos a los miembros de la Comisión sobre la versión final de los textos y su adopción por los parlamentos nacionales.

¿Se cumple lo que propone la Comisión de Venecia?

En la mayoría de los casos, las autoridades tienen en cuenta las recomendaciones de las opiniones de la Comisión de Venecia.

¿Cuál es el aporte que puede traer al debate en el Perú la consulta a la Comisión de Venecia?

La Comisión siempre ha creído que la democracia no es solo un valor que es necesario proclamar y enunciar, sino que es, sobre todo, un principio perfectible que debe ponerse en práctica y que no puede, por tanto, existir desligado del contexto específico en el que debe desarrollarse.

¿Cuál es la agenda que tiene prevista la delegación de la Comisión de Venecia para estos días? ¿La delegación se reunirá con el presidente Martín Vizcarra? ¿Se ha confirmado alguna reunión? ¿Con quiénes, con cuáles instituciones?

La delegación de la Comisión de Venecia se reunirá con el presidente del Congreso y los representantes de diferentes grupos políticos, la comisión constitucional, el presidente del Consejo de Ministros, ministros de Justicia y de Relaciones Exteriores, con el presidente y miembros del Tribunal Constitucional, el defensor del Pueblo y los expertos nacionales.

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