Odebrecht: restringen viajes fuera del país por 18 meses para excandidato congresal de Acción Popular
Poder Judicial dictó prohibición contra Víctor Belaúnde Gonzáles, árbitro que habría favorecido a Odebrecht en el caso Sedaloreto tras recibir US$120 mil de la constructora.
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Por: Alonso Collantes
El juez Juan Carlos Sánchez Balbuena aprobó esta mañana el pedido fiscal para ordenar el impedimento de salida del país por 18 meses contra el abogado Víctor Belaúnde Gonzáles, quien recibió US$120 mil de Odebrecht en 2009.
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Belaúnde, también excandidato por Acción Popular al Congreso en 2016, habría cometido el delito de colusión. Ello según la investigación preliminar que sigue la Fiscalía por una obra de mejoramiento de agua potable en Loreto (Sedaloreto), dirigida por la constructora brasileña en octubre del 2006.
El caso está a cargo de la fiscal Carol Cuba Peralta, del séptimo despacho del Equipo Especial Lava Jato; y según él, Belaúnde habría intervenido en un arbitraje fallando a favor de la constructora en 2010.
La tesis del Ministerio Público sostiene que, a raíz de una concertación previa, el árbitro recibió dos pagos de US$50 mil y US$70 mil, vinculados a los codinomes de “Pescador” y “Rio”.
Los montos, además, habrían sido por un proyecto de saneamiento de agua en Chimbote (2005-2006) y otro en Loreto (2006-2008). este último materia de investigación en el caso.
Según los registros de la ‘Caja 2′ de Odebrecht, estas transferencias vía offshores se hicieron el 23 y 26 de febrero del 2009.
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Arbitraje sospechoso
Según la fiscal, como sostuvo en audiencia, hubo “aceptación de arreglos amistosos no permitidos por el contrato y la realización de un arbitraje ad hoc que no era aplicable” en el proyecto.
A raíz de ello, el tribunal arbitral que conformó Víctor Belaúnde, decidió el 24 de mayo del 2010 ordenar al Estado pagar S/5 112 444 a Odebrecht por la citada obra en Loreto. Según la fiscal Cuba, el arbitraje debió ser internacional, y no de ámbito nacional.
Sobre los pagos de US$120 mil que hizo Odebrecht a Belaúnde, su defensa sostuvo que los desembolsos fueron por una deuda que tenía una empresa subcontratada por aquella, denominada Infraestructura y Servicios Contratistas Generales S.A.
La deuda habría sido de US$100 mil y debía pagarse al mes siguiente del préstamo, no obstante, se pagó 3 años después, en el 2009. El juez Sánchez Balbuena destacó, sin embargo, que había una “irregularidad que merece ser investigada”.
Al juzgar el impedimento de salida del país por 18 meses como una medida menos gravosa, el magistrado del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria dictó la orden.
