Operación Vizcarra: el Congreso contra el jefe del Estado

Por: David Pereda Z. y Enrique Patriau

Fue en la reunión de emergencia que tuvieron algunos congresistas el mismo 28 de julio, luego del anuncio del presidente Martín Vizcarra sobre adelantar las elecciones, que empezaron a hablar de vacancia. No fue la única opción mencionada, pero sí la más dura para sacar de juego al jefe del Estado. La otra era forzarlo a que renuncie.

Aunque se planteó como una reunión de portavoces, había varios fujimoristas y simpatizantes de los ‘naranjas’ que inclinaban la balanza hacia su ardida reacción en ese temprano momento, poco después de la sorpresiva noticia de un eventual recorte de sus mandatos.

“Parecía una reunión de fujimoristas, no de los portavoces”, dice el congresista Richard Arce, de la bancada Nuevo Perú, a quien quisieron retirar por haber aplaudido cuando el mandatario mencionó su propuesta de adelantar las elecciones generales para el 2020.

Los legisladores ‘naranjas’ Luis Galarreta y Lourdes Alcorta fueron los primeros en hablar de una vacancia presidencial en ese encuentro, según diversas fuentes. Galarreta, además de extitular del Legislativo, es el número dos de Fuerza Popular a cargo de la secretaría general del partido y recurrente asistente al penal de Chorrillos, donde coordina con Keiko Fujimori.

Su colega, Víctor Andrés García Belaunde, de Acción Popular, planteó la posibilidad de que renuncien Vizcarra y la vicepresidenta, Mercedes Aráoz, para que Pedro Olaechea, titular del Poder Legislativo, convoque a comicios como dispone nuestra Constitución Política. Gilbert Violeta, de Contigo, esgrimía que Vizcarra habría infringido la Constitución al anunciar un recorte de mandatos.

Aunque varios negaron que se haya hablado de vacancia entonces, sí se mencionó, y esa carta ha estado allí blandiendo bajo las curules en el Parlamento a espera de una oportunidad.

Un globo de ensayo fue el audio de Vizcarra con autoridades de Arequipa en el que hablan de la posibilidad de suspender la licencia al proyecto Tía María.

Martha Chávez, excongresista e influyente asesora de Fuerza Popular, vio allí la ocasión para vacar al mandatario por “haber promovido la violencia de los radicales”. Algunos legisladores fujimoristas y sus satélites difundieron este mensaje, aunque la mayoría solo aducía que el jefe de Estado renuncie. El congresista aprista Mauricio Mulder, en tanto, sí evaluaba la formulación de una vacancia contra Vizcarra por esa grabación.

Ese globo de ensayo, sin embargo, se desinfló. Pero mostró pronta vocación en el Parlamento por deshacerse de Vizcarra luego de que este propuso “que se vayan todos”.

Vacancia en marcha

La semana pasada, Mulder anunció que propondrá la vacancia del mandatario después de que se archive su proyecto sobre el adelanto electoral. Alega que Vizcarra cometió infracción constitucional por presentar proyectos contrarios a la Constitución. A eso se suman otras embestidas contra el Ejecutivo desde el Parlamento.

“Después que se vote el archivamiento, de todas maneras (plantearemos la vacancia). Es un tema que lo vamos a supeditar a ello, y también viendo cómo se van a desarrollar los acontecimientos porque el telón de fondo que hay en esto también tiene un nombre: se llama Chinchero”, aseguró el aprista a la emisora RPP.

El caso Chinchero se reactivó la semana pasada en el Congreso. La Comisión de Fiscalización aprobó indagar este caso en el que buscan comprometer a Vizcarra, quien como ministro de Transportes respaldó la adenda suscrita para la construcción del aeropuerto de Chinchero en el Cusco, proyecto que pasó a reformulación.

Otro caso promovido en Fiscalización contra el mandatario ha sido el de su mensaje de 28 de julio, donde se alega que habría incumplido la Constitución al no aprobarse el discurso en Consejo de Ministros. Pese a que la congresista Janet Sánchez pidió retirar su propuesta, el Congreso siguió avanzando en la tramitación de esta iniciativa desestabilizadora.

Además, se apunta a indagar en el consorcio Conirsa, que integró la brasilera Odebrecht y a la que dio servicios una empresa que tuvo el hoy jefe de Estado. Los congresistas citaron al hermano del presidente, César Vizcarra, pero este ha advertido que le requieren documentos sobre años en que no se dieron los trabajos que se investigan.

“El requerimiento formulado por la comisión es manifiestamente ilegal (...) Se solicita documentación desde el año 2003, a pesar de que los hechos investigados se han suscitado en los años 2006 y 2008”, dice César Vizcarra en un oficio que remitió a la Comisión de Fiscalización esta semana.

Este grupo de trabajo, que preside el fujimorista Segundo Tapia, buscaba hasta “los poderes de representación (a) Martín Vizcarra (...) con la empresa (...) Graña y Montero en (...) 2005”.

Oleachea ha defendido las intentonas. Con poca muñeca política se respalda en una especie de directorio que ha formado, apelando a su perfil empresarial o consejo consultivo. Allí estarían los legisladores fujimoristas Luz Salgado (hoy con licencia ), Luis Galarreta, los acciopopulistas García Belaunde y Edmundo del Águila, los apristas Jorge del Castillo y Javier Velásquez, Juan Sheput (Contigo) y el apepista Luis Iberico, según dicen fuentes parlamentarias.

En el gobierno creen que la reunión con Olaechea no sirvió de nada, pues solo generó un compromiso verbal de priorizar la propuesta de adelanto de elecciones, pese a las dilaciones ya conocidas. Asimismo, saben que no tienen los votos para anticipar los comicios y que la movilización ciudadana será un factor clave. Ante esto, la cuestión de confianza es una alternativa más cercana.

Con plazos

- Setiembre. El presidente Martín Vizcarra esperaría hasta la quincena de setiembre para decidirse por plantear otra cuestión de confianza, si el Congreso sigue dilatando su propuesta de adelantar comicios.

- Consultas. Algunos abogados constitucionalistas son consultados por el gobierno para definir próximas acciones. El escenario internacional también es un factor que se viene considerando como muy relevante para lo que vendría.

La palabra

- Héctor Becerril, Congresista de Fuerza Popular

“Si el presidente quiere cerrar el Congreso en forma inconstitucional, habrá cometido delito y la misma Constitución prevé la vacancia (...) Si llega a eso, obviamente de mi parte impulsaré esa vacancia”.

- Víctor A. García Belaunde - Congresista de Acción Popular

“Si bien es un acto soberano del Congreso, creo que no están dadas las condiciones para una vacancia en este momento. Hablar de ella es perturbar el ambiente, es caldearlo más”.